El Ayuntamiento de Sant Josep ha retrocedido 40 años en materia de urbanismo: las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) han decaído sin haber sido aprobadas de forma definitiva dentro del plazo legal, según ha podido confirmar La Voz de Ibiza.
El instrumento transitorio, aprobado inicialmente por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico (CIOTUPHA) del Consell de Ibiza el 15 de diciembre de 2025, tenía como fecha límite el 13 de septiembre para su aprobación definitiva.
Al no producirse, el municipio recupera automáticamente la vigencia de las Normas Subsidiarias de 1986, que habían quedado parcialmente suspendidas por el mismo acuerdo.
Los alcances de este retroceso
Las NPP habían sido presentadas por el Consell y el Ayuntamiento como una herramienta para corregir «décadas de desajustes» del planeamiento vigente desde 1986.
Entre sus principales efectos, incluía la reducción del suelo urbano y urbanizable de las 2.162 hectáreas previstas en las Normas Subsidiarias a 1.310 hectáreas, una disminución del 47,8%. El techo poblacional recortado a un máximo de 43.720 habitantes en las áreas urbanas —frente a los 62.307 que permitían las NNSS de 1986—, con solo 31.702 en zonas de licencia directa.
También establecía la prohibición del alquiler turístico en edificaciones plurifamiliares de suelo urbano, pensada para combatir el alquiler turístico ilegal.
Por otra parte, se designaba un ámbito específico para vivienda protegida y reservas de suelo para equipamientos —un futuro cuartel de la Guardia Civil en Can Burgos, espacios culturales y deportivos en Cala de Bou y la ampliación del centro educativo de Sant Jordi—. Y la incorporación, por primera vez, de suelo industrial y de servicios en torno al aeropuerto.
En su momento, el alcalde Vicent Roig había señalado que «estas normas nos dan oxígeno y seguridad mientras redactamos la revisión del planeamiento general».
En tal sentido, destacaba que el municipio necesitaba espacios para nuevas dotaciones, para ordenar accesos y para dar respuesta a la demanda de actividad industrial, al tiempo que valoraba que se haya logrado «un instrumento equilibrado, que mejora la funcionalidad urbana y refuerza la calidad de vida sin incrementar el crecimiento».
Además, subrayaba que estas normas permitirían delimitar equipamientos públicos sin recurrir a la figura del interés general, lo que agilizaría trámites y reduciría la presión sobre el suelo rústico. Todo esto ahora es papel mojado.
Es que todo ese marco queda ahora sin efecto. Con la vuelta a las Normas Subsidiarias de 1986, Sant Josep recupera una normativa que, según reconocía el propio Consell al aprobar las NPP, arrastraba «contradicciones, errores y déficits» y calculaba capacidades poblacionales con parámetros hoy considerados irreales —por ejemplo, tres habitantes por vivienda de 200 metros cuadrados—.
Qué dice la ley sobre este vacío
El artículo 62 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB), habilita a los consells insulares a suspender la vigencia de un planeamiento y aprobar de forma simultánea unas normas provisionales que lo sustituyan mientras se tramita su revisión.
La norma exige que esas normas provisionales se sometan a información pública durante veinte días hábiles y fija que su aprobación definitiva debe producirse en un plazo de seis meses desde el acuerdo de aprobación inicial.
La ley no especifica expresamente qué ocurre si ese plazo se agota sin aprobación definitiva, pero la consecuencia práctica —y la que se ha producido en Sant Josep— es la recuperación de la vigencia del planeamiento anterior, en este caso las Normas Subsidiarias de 1986.
Vuelta a empezar, con un PGOU que se demora
Sant Josep lleva años intentando dotarse de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituya de forma definitiva al planeamiento de 1986.
Como recordaba el alcalde, Vicent Roig, al presentar las NPP, la primera solicitud de suspensión y tramitación de normas provisionales ya se había aprobado inicialmente en la legislatura anterior, en noviembre de 2022.
Los plazos habituales para la redacción y tramitación completa de un PGOU en municipios de esta complejidad superan, según fuentes del sector urbanístico, la década.
