La cochera de autobuses de ALSA en Platja d’en Bossa ha vuelto a inundarse esta semana por las lluvias de la DANA Adam. La compañía atribuye el problema a un fallo en una bomba de Aqualia que impidió el drenaje de la parcela, mientras el Grupo PSOE del Consell de Ibiza denuncia que la situación se repite cinco meses después de advertir las mismas deficiencias.
El agua llegó hasta las puertas de los buses
Según la nota de prensa del PSOE, las inundaciones del pasado 20 de octubre obligaron a intervenir a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para retirar el agua acumulada en el descampado donde se estacionan los autobuses. El agua llegó hasta las puertas de los vehículos, lo que impidió a los conductores acceder a ellos, y afectó también a las rampas de acceso para personas con movilidad reducida.
Una avería ya denunciada en mayo
El PSOE recuerda que ya en mayo alertó de que los autobuses estacionados en ese mismo descampado quedaban atrapados por el barro tras episodios de lluvia, lo que impedía que algunos vehículos salieran a prestar servicio. Cinco meses después, el problema ha vuelto a repetirse, según denuncia el grupo socialista.
ALSA apunta a un fallo de Aqualia
Fuentes de ALSA han explicado a La Voz de Ibiza que la acumulación de agua en la campa de Platja d’en Bossa se debió a un fallo en una bomba de Aqualia que impidió el drenaje durante las intensas lluvias de la dana Adam. La compañía precisa que el servicio de transporte público no se ha visto afectado por la situación y que los autobuses han podido operar con normalidad.
El PSOE exige respuestas al Gobierno de Marí
Los socialistas consideran “especialmente preocupante” que una incidencia ya advertida con meses de antelación se haya vuelto a producir. Según su nota de prensa, las condiciones de la cochera comprometen el trabajo de los conductores, pueden dificultar la prestación del servicio y ponen en riesgo la accesibilidad de los usuarios.
El PSOE pregunta si el Consell comprobó que la cochera reunía las condiciones necesarias antes de que entrara en vigor el nuevo contrato de transporte público, el 1 de abril de 2026, y si se verificó entonces que las instalaciones garantizaban la seguridad de trabajadores y usuarios.
El grupo exige al equipo de gobierno de Vicent Marí que explique qué medidas ha tomado desde la primera denuncia, qué controles ha realizado sobre las instalaciones y qué requerimientos ha trasladado a ALSA para corregir sus deficiencias. También reclama que se aclare quién es el titular de la parcela, qué obligaciones fija el contrato a la concesionaria y quién responde del mantenimiento y el drenaje.
