La Asociación de Juristas Animalistas (ADJA) ha presentado sendos requerimientos a los ayuntamientos de Sant Josep de sa Talaia y Sant Joan de Labritja por incumplir la normativa balear sobre colonias felinas. Los escritos, fechados el 12 de noviembre, reclaman a ambos consistorios poner en marcha de inmediato un programa de control de gatos comunitarios y advierten de que, si no actúan en tres meses, estudiarán acudir a los tribunales.
Dos ayuntamientos, el mismo reproche
ADJA, con sede en Ciutadella de Menorca e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, acusa a los dos municipios ibicencos de la misma inactividad: carecen de un Programa de Gestión de Colonias Felinas, no han hecho el censo y mapeo de gatos que marca la ley, no tienen en marcha un sistema de esterilización e identificación y no garantizan la atención sanitaria de estos animales.
La entidad, representada por Olivier Hassler por mandato de su presidenta, Ana Ruíz Bermo, sostiene que esta falta de actuación afecta al bienestar animal, a la biodiversidad y a la salubridad pública.
La ley obliga a esterilizar y censar
El requerimiento se apoya en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en vigor desde el 29 de septiembre de 2023. Sus artículos 38 a 42 obligan a los ayuntamientos a identificar con microchip y esterilizar a todos los gatos comunitarios, además de desarrollar programas municipales específicos para la gestión de las colonias felinas.
Entre las obligaciones que la ley fija para los consistorios figuran el censo de gatos del término municipal, la atención sanitaria con veterinario colegiado, la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno) y la habilitación de un espacio para la retirada temporal de animales cuando sea necesario.
Qué pide exactamente ADJA
El escrito detalla doce actuaciones concretas que exige a cada ayuntamiento. Entre ellas, aprobar y poner en marcha el Programa de Gestión de Colonias Felinas, realizar el mapeo y censo de gatos, aplicar el método CER con marcaje auricular y asumir el programa sanitario de desparasitación, vacunación e identificación.
La asociación reclama también que los consistorios regulen mediante normativa municipal los derechos y obligaciones de las personas cuidadoras, establezcan protocolos para colonias en fincas privadas y para la gestión de conflictos vecinales, y desarrollen campañas de formación.
Un punto llamativo del requerimiento es que ADJA pide a ambos ayuntamientos que asuman los gastos de alimentación de los gatos de las colonias, ya sea facilitando directamente el alimento a las personas cuidadoras o reembolsando su coste. La asociación recuerda además que existen líneas de subvención estatales a las que los municipios pueden acogerse, y la posibilidad de recabar el apoyo del Consell de Ibiza.
Tres meses antes de los tribunales
ADJA ha formulado el escrito como un requerimiento previo al amparo del artículo 29.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esta vía obliga a reclamar antes de poder acudir a los tribunales por inactividad de la Administración.
La asociación avisa de que, si transcurridos tres meses desde la reclamación los ayuntamientos no han cumplido, podrá valorar la interposición de un recurso contencioso-administrativo por inactividad, así como solicitar las costas del procedimiento. El escrito no descarta, además, “otras acciones legalmente procedentes”.
Por el momento, ninguno de los dos ayuntamientos ha respondido públicamente al requerimiento. La pelota queda ahora en el tejado de Sant Josep de sa Talaia y Sant Joan de Labritja, que tendrán que decidir si ponen en marcha sus propios programas de gestión de colonias felinas o afrontan un posible litigio.
