El Govern balear ha dado un paso formal contra la obligación de retirar temporalmente del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva durante la campaña 2026-2027. El Ejecutivo autonómico ha presentado un requerimiento al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que las almazaras de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera queden excluidas de una medida que, según defiende, no responde a la realidad del sector oleícola de las islas.
La iniciativa, formalizada este lunes por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, lleva la firma del conseller Joan Simonet y constituye el paso previo a un eventual recurso contencioso-administrativo.
El principal argumento del Govern es que Baleares no tiene excedentes de aceite de oliva que justifiquen la retirada obligatoria. De hecho, las disponibilidades previstas para esta campaña se sitúan muy por debajo de la media de los últimos seis años.
La Conselleria también advierte de que la inmovilización del aceite podría perjudicar a las pequeñas almazaras, afectar a la calidad del aceite de oliva virgen extra y alterar la comercialización de productos vinculados a la nueva cosecha, como el ‘oli novell’. Además, la medida llega cuando Menorca, Ibiza y Formentera ya han terminado su campaña de elaboración, mientras que Mallorca ha producido aproximadamente el 70% del volumen previsto.
Baleares pide quedar fuera de la retirada obligatoria del 12% del aceite de oliva
El Govern ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que excluya a las almazaras del archipiélago de la obligación de retirar temporalmente del mercado parte de su producción. La medida estatal afecta al 12% del aceite de oliva durante la campaña 2026-2027.
El requerimiento presentado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural reclama la modificación o derogación parcial de la Orden APA/1145/2026, de 29 de octubre. También solicita modificar la resolución del 4 de noviembre de 2026, que establece el porcentaje de retirada obligatoria en el 12%. El objetivo es que esta obligación no se aplique a las almazaras situadas en Baleares.
Para justificar su petición, el Ejecutivo autonómico se apoya en las particularidades productivas, comerciales y territoriales del sector oleícola insular. Según la Conselleria, las características de la producción balear son diferentes de las que presenta el conjunto del mercado español. Por ese motivo, considera que la aplicación de una misma medida en todos los territorios puede provocar consecuencias desproporcionadas en las islas.
El Govern abre la puerta a un recurso contencioso-administrativo
El documento presentado este lunes lleva la firma del conseller Joan Simonet. La Conselleria ha explicado que el requerimiento constituye el paso previo a la posible presentación de un recurso contencioso-administrativo. Por tanto, la iniciativa representa una actuación formal del Govern para intentar modificar la aplicación de la normativa estatal.

El Ejecutivo balear solicita que el Ministerio se pronuncie expresamente y con carácter urgente sobre sus reclamaciones. También pide que se estudien medidas transitorias para evitar perjuicios de difícil reparación mientras se tramita una eventual modificación normativa. La Conselleria sostiene que la retirada obligatoria podría ocasionar problemas económicos, comerciales y administrativos a las almazaras de las islas.
El requerimiento ha sido elaborado mediante un trabajo coordinado con el sector oleícola balear. Esa colaboración ha permitido incorporar datos de producción y comercialización, además de información sobre las dificultades que podría provocar la inmovilización del aceite.
Baleares no tiene excedentes: el principal argumento contra la medida
Uno de los puntos centrales del requerimiento es que la producción de aceite de oliva de Baleares no presenta una situación de excedente. Según los datos de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las existencias iniciales de la campaña ascienden a 100 toneladas. A esa cantidad se suma una previsión de producción de 492,72 toneladas.
En conjunto, las disponibilidades estimadas para la campaña alcanzan las 592,72 toneladas de aceite de oliva. La cifra contrasta con la media de las seis campañas anteriores, situada en 806,2 toneladas. Esto significa que las disponibilidades previstas representan únicamente el 73,5% de la media histórica. El Govern destaca que ese porcentaje está muy por debajo del umbral del 120% que establece la normativa estatal para activar el mecanismo de retirada.
Aunque reconoce que ese indicador se calcula sobre el conjunto del mercado español, la Conselleria considera que su aplicación debería contemplar las circunstancias de cada territorio productor. La principal contradicción que plantea Baleares es que se le exige retirar aceite del mercado cuando su producción prevista está por debajo de los niveles habituales.
El aceite de Baleares representa solo el 0,03% del mercado español
El requerimiento también pone el foco en el reducido peso que tiene la producción balear dentro del mercado estatal. Según los datos aportados por la Conselleria, las 592,72 toneladas de disponibilidades estimadas representan únicamente el 0,03% del volumen previsto para el conjunto de España. Esta proporción es uno de los argumentos utilizados para cuestionar la eficacia de aplicar la retirada obligatoria en las islas.
El Govern sostiene que inmovilizar parte de la producción balear no tendría una incidencia apreciable en la estabilización del mercado español. Sin embargo, considera que la medida sí podría generar consecuencias importantes para las empresas productoras del archipiélago.
El requerimiento incorpora, además, información del Registro de Movimientos de Aceite de Oliva y de Orujo de Oliva a Granel (Remoa). Según esos datos, no se registran salidas de aceite a granel desde Baleares hacia la Península. En cambio, sí existen entradas de aceite procedente de otros territorios productores.
La Conselleria utiliza esta circunstancia para reforzar su argumento de que el mercado balear presenta unas características comerciales particulares. Las islas reciben aceite de otros territorios, pero no registran envíos a granel hacia la Península, de acuerdo con la información incluida en el requerimiento.
Ibiza, Formentera y Menorca ya habían terminado la campaña de aceite
Otro de los elementos destacados por el Govern es el calendario de elaboración del aceite de oliva en Baleares. La campaña oleícola del archipiélago se desarrolla habitualmente antes que en las principales regiones productoras de España. Esa diferencia temporal resulta especialmente importante porque la retirada obligatoria afecta al aceite declarado a partir del mes de noviembre.
Según los datos recogidos en el requerimiento, a 11 de noviembre la campaña de elaboración ya había finalizado en Ibiza, Formentera y Menorca. En Mallorca, por su parte, ya se había elaborado aproximadamente el 70% de la producción prevista. Esto significa que buena parte del aceite balear se había producido antes del periodo al que se aplica la obligación estatal.
Para la Conselleria, esta circunstancia reduce todavía más la utilidad de la medida en el archipiélago. La cantidad de aceite que tendría que quedar inmovilizada sería «muy reducida», según el documento presentado al Ministerio. El Govern considera que la diferencia entre los calendarios de producción de Baleares y de otras regiones españolas debe tenerse en cuenta al aplicar la normativa.
La retirada afectaría a unas 17,7 toneladas de aceite en Baleares
El requerimiento incluye una estimación orientativa de la cantidad de aceite que tendría que retirarse en el archipiélago. El cálculo parte de la hipótesis de que el 30% de la producción prevista quedara sujeto a la obligación estatal. En ese escenario, sería necesario inmovilizar aproximadamente 17,7 toneladas de aceite de oliva.
Según la Conselleria, esa cantidad representaría únicamente el 0,009% del volumen de retirada estimado por el Ministerio para toda España. La cifra refuerza la posición del Govern sobre la escasa incidencia que tendría la aplicación de la medida en Baleares.

El Ejecutivo autonómico considera que retirar ese volumen no contribuiría de manera significativa a estabilizar el mercado estatal. En cambio, las almazaras tendrían que afrontar las obligaciones relacionadas con su identificación, almacenamiento y control.
La Conselleria también tendría que verificar el cumplimiento de la normativa. Por ese motivo, el Govern califica la carga administrativa y de control como «desproporcionada». El argumento no se limita al volumen de aceite afectado, sino también al esfuerzo que supondría gestionar una retirada de escasa relevancia dentro del mercado español.
El almacenamiento obligatorio podría afectar a la calidad del aceite de oliva virgen extra
Más allá de las cifras de producción, el Govern advierte de un posible problema relacionado con la calidad del aceite de oliva virgen extra elaborado en Baleares. La normativa contempla que el aceite afectado por la retirada permanezca almacenado hasta el 30 de septiembre de 2027.
La Conselleria considera que una inmovilización tan prolongada podría tener consecuencias sobre las características del producto. En concreto, señala que el almacenamiento puede influir en la evolución de las propiedades fisicoquímicas y organolépticas del aceite, dependiendo de las condiciones de conservación. Estas características forman parte de los elementos que determinan la calidad y el valor comercial del aceite.
El requerimiento destaca que el sector balear está especializado en aceites de calidad diferenciada. Su comercialización está vinculada en muchos casos a la nueva cosecha y al valor añadido que ofrece un producto fresco.
Por ello, el Govern teme que la obligación de almacenar determinadas partidas durante meses altere el modelo comercial de las almazaras. La preocupación no se centra únicamente en tener que guardar el aceite, sino en las consecuencias que ese almacenamiento podría tener sobre su calidad y su valor en el mercado.
El ‘oli novell’, entre los productos que podrían verse perjudicados
La Conselleria menciona expresamente el ‘oli novell’ entre los productos cuya comercialización podría verse afectada. Este aceite está vinculado a la nueva cosecha y forma parte de un modelo comercial que pone el acento en la frescura y la calidad.
La retirada obligatoria podría interferir en esa forma de comercialización al impedir temporalmente la salida al mercado de determinadas cantidades. El Govern considera que esta circunstancia debe analizarse de manera específica. En su requerimiento, advierte de que la inmovilización prolongada puede alterar un modelo de negocio basado en la calidad diferenciada y el valor añadido del producto.
La preocupación adquiere especial relevancia en un territorio donde la campaña de elaboración se adelanta respecto a otras zonas productoras. En Baleares, una parte importante del aceite ya está elaborada cuando comienza el periodo de aplicación de la medida estatal. La Conselleria sostiene que esas particularidades justifican una respuesta distinta para las almazaras del archipiélago.
El 20% del aceite de Baleares se produce para autoconsumo
El requerimiento también incorpora una problemática que afecta a los pequeños propietarios de olivares. Según las estimaciones de la Conselleria, aproximadamente el 20% de la producción anual de aceite de oliva de Baleares se destina al autoconsumo. Se trata de aceite elaborado para uso particular y que, por tanto, no se comercializa.
El Govern argumenta que estas partidas no contribuyen a generar los excedentes de mercado que la normativa estatal pretende corregir. Sin embargo, la obligación de retirada podría afectar también a este tipo de producción.
La Conselleria advierte de que aplicar la medida a pequeñas cantidades destinadas al consumo propio supondría problemas adicionales. Entre ellos figuran las tareas de identificación, almacenamiento y gestión de las partidas.
La dificultad aumenta porque el aceite puede pertenecer a numerosos particulares y presentar diferentes titularidades. El documento considera que esta situación provocaría «dificultades adicionales». Por ello, el Ejecutivo balear pide que se estudie una excepción específica para el aceite destinado exclusivamente al autoconsumo.
Las excepciones que Baleares reclama para las pequeñas almazaras
La petición principal del Govern es que la retirada obligatoria del 12% no se aplique a ninguna almazara situada en Baleares. No obstante, el requerimiento plantea alternativas en caso de que el Ministerio no acepte esa exclusión territorial.
La Conselleria solicita que se realice una evaluación inmediata de la situación del sector oleícola balear. También reclama una revisión anticipada de la medida para que el porcentaje de retirada aplicable a las islas se reduzca a cero.

Además, propone que se valoren excepciones específicas para determinados tipos de productores y partidas. Entre los supuestos señalados se encuentran las pequeñas almazaras, que podrían verse especialmente afectadas por las obligaciones administrativas y de almacenamiento. El Govern también solicita que se contemple la situación de los aceites protegidos por denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP).
A estas posibles excepciones se suman las partidas destinadas exclusivamente al autoconsumo. El objetivo es evitar que una medida diseñada para intervenir sobre los excedentes del mercado estatal termine perjudicando a productores que, según la Conselleria, no contribuyen a generar ese problema.
El Govern reclama una respuesta urgente del Ministerio de Agricultura
El requerimiento presentado por Baleares no se limita a solicitar una modificación normativa. También reclama que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación responda de manera expresa y urgente. La Conselleria quiere evitar que la aplicación de la retirada obligatoria provoque perjuicios mientras se analiza la petición. Por ello, ha solicitado que se estudien medidas transitorias durante la tramitación de los cambios normativos. Estas medidas tendrían como finalidad prevenir daños de difícil reparación para las almazaras del archipiélago.
El Govern insiste en que la situación de Baleares requiere una valoración propia. Sus argumentos se apoyan en la ausencia de excedentes, el reducido volumen de producción, la temporalidad de la campaña, los riesgos para la calidad del aceite y las dificultades que plantea el autoconsumo. La Conselleria también destaca que ha trabajado de forma coordinada con el sector para reunir la información incluida en el requerimiento.
Qué puede pasar ahora con la retirada del aceite de oliva en Baleares
La controversia sobre la retirada del 12% de la producción de aceite de oliva queda ahora pendiente de la respuesta del Gobierno central. El Govern ha solicitado modificar o derogar parcialmente la Orden APA/1145/2026, de 29 de octubre, y revisar la resolución del 4 de noviembre que establece el porcentaje obligatorio. Su petición principal es que las almazaras de Baleares queden excluidas de la medida durante la campaña 2026-2027.
Como alternativa, reclama una evaluación urgente del sector y una reducción a cero del porcentaje de retirada aplicable a las islas. También pide excepciones para pequeñas almazaras, aceites con denominaciones e indicaciones geográficas protegidas y partidas destinadas al autoconsumo.
Los datos aportados por la Conselleria constituyen la base de su reclamación. Baleares prevé disponer de 592,72 toneladas de aceite, frente a una media histórica de 806,2 toneladas, lo que supone apenas el 73,5% de los niveles habituales. Además, su producción representa únicamente el 0,03% de las disponibilidades estimadas para España.
El calendario de elaboración añade otra particularidad: Ibiza, Formentera y Menorca ya habían terminado su campaña el 11 de noviembre, mientras que Mallorca había completado aproximadamente el 70%. Según el cálculo orientativo del Govern, la obligación podría afectar a unas 17,7 toneladas, una cantidad equivalente al 0,009% del volumen de retirada estatal estimado por el Ministerio. A estas circunstancias se suman los posibles efectos sobre la calidad del aceite, la comercialización del ‘oli novell’ y las dificultades para gestionar partidas destinadas al autoconsumo.
La decisión del Ministerio determinará si las almazaras baleares deben aplicar la retirada obligatoria o si se establece una excepción adaptada a las características del sector insular. Mientras tanto, el Govern mantiene abierta la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa si su requerimiento no prospera.










