El caso puertos se ha llevado por delante algunas víctimas inocentes. Una de ellas es el ex director del puerto de Ibiza o delegado de la APB en Ibiza, Joaquín Jiménez Buedo. No en vano, fue desplazado de su cargo por no sumarse al amaño a favor del Club Náutico Ibiza, tal como se desprende del auto de la jueza Martina Mora que lleva adelante la investigación desde hace tres años y que llevará al banquillo al ex alcalde Rafa Ruiz y a la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares y del CNI, si no prosperan los recursos anunciados.
La salida de Jiménez Buedo se produjo en octubre del 2017 aparentemente a partir de algunas quejas sobre su gestión al frente de la dirección del puerto. El alcalde Rafa Ruiz remitió una carta al presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, que se utilizaría como argumento para justificar su salida.
El papel de Rafa Ruiz
“Lamentablemente, tenemos que comunicarle que, pese a la actitud colaboradora, abierta y dialogante que se ha instalado en la APB desde su nombramiento (en referencia al presidente de la APB, Joan Gual de Torrella), el día a día de la relación puerto-ciudad sigue siendo muy complejo y nos sentimos gravemente perjudicados por las actitudes, acciones o inacciones del director del puerto de Ibiza hacia la ciudad”, había planteado Ruiz unos meses antes Gual de Torrella.
Sin embargo, su defenestración obedeció a otras cuestiones. De hecho, la jueza lo vincula directamente con el entramado de arreglos y favores para la continuidad del Club Náutico Ibiza dentro del puerto de Vila.
Tal como figura en el auto al que tuvo acceso La Voz de Ibiza, Jiménez Buedo había sido incluido inicialmente dentro de la Comisión Técnica, cuya resolución se conoció el 3 de febrero de 2017, que debía valorar las tres ofertas presentadas al concurso por proyectos.
Sin embargo, en la primera reunión de la Comisión que se celebró el 8 de mayo de ese año, Jiménez Buedo solicitó dejar de forma parte “dado que (Juan Carlos) Plaza (director del APB) proponía varias pautas de valoración que Jiménez Buedo entendía que favorecían arbitraria e indebidamente al CNI o que iban preordenadas a la elección del CNI”.
Tal como ha avanzado La Voz de Ibiza, la Comisión Técnica se falseó en su valoración las tarifas presentadas por el Club Náutico presentándolas como las más económicas y, por lo tanto, las mejor puntuadas cuando en realidad eran más caras y doblaron las utilizadas fraudulentamente como base.
«Hacer terrorismo»
En esa reunión, hubo un fuerte cruce entre ambos. Jiménez Buedo cuestionó las propuestas que Plaza hacía sobre cómo valorar cada apartado de la Comisión Técnica y la respuesta con enfado fue contundente: “Tú has venido aquí a hacer terrorismo porque no quieres estar en esta mesa y si quieres salir échale huevos y te saco”.
La dimisión a la Comisión de Buedo fue gustosamente aceptada por Plaza “para evitar obstáculos en la valoración de la oferta del CNI como ganadora”, plantea la jueza.
En su lugar, se buscó a otra persona favorable a “satisfacer el interés del presidente Gual de que saliera elegido el CNI”. ¿Quién fue? Jorge Martín Jiménez, quien ahora está acusado por prevaricación administrativa, un delito de fraude a la administración.
Dócil
Martín era un alfil de Gual y Plaza: “Conocía el interés político y de los responsables (director y sobre todo presidente) de la APB de que resultara elegido el CNI y de que haría todo lo necesario para satisfacer este deseo de sus superiores. Martín había intervenido en toda la tramitación de la prórroga solicitada por el CNI así como en reuniones relativas a ‘encontrar la forma de garantizar la permanencia del CNI’ por lo que su conocimiento de que la elección del CNI ya estaba hecha está totalmente acreditado”, establece la juez.
Uno de los perjudicados de la trama ratificó esto en su declaración en sede judicial, relatando que desde ese momento “recibió un trato perjudicial por parte del presidente y director (de la APB, Joan Gual de Torrella y Juan Carlos Plaza Plaza respectivamente) llegando a ser destituido como delegado de Ibiza y viéndose también perjudicado en su remuneración” como consecuencia de su “oposición a favorecer arbitrariamente al CNI”.
Jiménez Buedo también ha declarado participar en una comida celebrada en Ibiza en las fechas de actuación de la comisión técnica en la que Gual manifestó “por fin os puedo decir que en menos de un mes el tema del Náutico estará resuelto como tiene que ser, será el Náutico”, refiriéndose al CNI.
Para la jueza, el relato de Jiménez Buedo en sede judicial “se ha visto corroborado con el contenido de las conversaciones intervenidas” y lo considera “una víctima”.
El rol de la Comisión Técnica
La Comisión Técnica tuvo un papel determinante en toda la trama de amaño a favor del Club Náutico Ibiza. Y es que, sin ese informe proponiendo la elección del CNI como mejor oferta, el presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, no podía proponer su elección al Consejo de Administración. “La Comisión Técnica y sus miembros, por tanto, desempeñan un papel esencial sin el cual el delito no podría consumarse”, establece la jueza.
“De las diligencias practicadas se desprende que los miembros de la Comisión eran en todo momento conscientes de que la voluntad del presidente Gual era que saliera elegida la oferta del CNI (tal y como estaba previamente decidido) y, en orden a satisfacer dicha voluntad, se concertaron para interpretar los criterios de valoración, ya preordenados a favorecer al CNI, de manera que se asegurara la elección del CNI y su oferta resultara ser la ganadora”.