17 personas han sido procesadas por delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, tráfico de influencias y cohecho, en el marco de la investigación del Caso Puertos, a cargo de la jueza instrucción Martina Mora. Sin embargo, el rival del Club Náutico de Ibiza excluye a Juan Marí Marí (presidente del CNI) y Josep María Costa (ex conseller) de la petición de penas de prisión.
Por su parte, piden tres años de prisión para el ex alcalde de Vila, Rafael Ruiz, y cuatro años para Joan Gual de Torrella, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), ambos acusados de amañar concursos públicos para beneficiar al Club Náutico de Ibiza (CNI) en la concesión de la explotación en el puerto de Vila.La jueza considera específicamente que ambas personas tenían «conciencia y voluntad de la injusticia de la decisión, desviándose de las obligaciones de objetividad, transparencia, concurrencia y legalidad que la Ley impone en su actuación«.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido un aplazamiento de un mes para poder estudiar el caso y decidir si formula acusación y contra quién, según informa Gaceta Náutica.
La cúpula del Club Náutico Ibiza
En un principio, la jueza ha acusado a Juan Marí Marí y Josep María Costa, a título personal y como representantes legales de Club Náutico de Ibiza por «uno o varios delitos de prevaricación administrativa y un delito de fraude a la administración, en la modalidad de inductor y/o cooperador necesario«.
En el caso de Costa, según consta en el auto, «de las diligencias practicadas no ha resultada acreditada su participación en los actos previo y coetáneos a las resoluciones consideradas como prevaricadoras. No consta tampoco que en esas fechas tuviera un cargo representativo dentro del CNI».
De todas formas, para la jueza está «acreditada su participación en los hechos posteriores de forma activa e importante«, aunque para el rival del CNI el eje central de la investigación no debe estar en él, sino en las autoridades de la APB, en el ex alcalde y en el acuerdo de cuatro millones de euros.
Por su parte, Marí está acusado de seguir las instrucciones de Gual de Torrella, quien lo iba a favorecer en el concurso, a cambio de su apoyo en el enfrentamiento que este tiene abierto con el entonces presidente del Club Marítimo Molinar, Vallespir. Además, Marí está acusado de defraudación por haberse «concertado con la autoridad o funcionario público (en este caso, la cúpula del APB)» para defraudar al ente público.
A pesar de todo ello, no los acusan directamente a ninguno de los dos, porque consideran que su participación fue testimonial y que las negociaciones se dieron entre APB y Doce Millas.
El acuerdo
En el auto previo a la solicitud de apertura del juicio oral, la jueza deja constancia de todas las negociaciones que se abrieron entre las partes, que incluyeron desde otorgar obras a Doce Millas como forma de compensación hasta un pago de 4 millones de euros.
Precisamente, se mantuvieron negociaciones abiertas para que CDBDM «cesara en sus impugnaciones de las resoluciones que la APB dictaba a favor del CNI a cambio de una contraprestación económica, directa o indirecta«.
Desde la Autoridad Portuaria exigían que Club Deportivo Básico Doce Millas se apartara «de cualquier tipo de concurrencia al dominio público ocupado por el CNI lo que implicaba tanto desistir de recursos en trámite, como no concurrir o renunciar a la competencia de proyectos en trámite (CDBDM ya había ganado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia)».
Como retorno, iba a recibir «una cantidad de dinero a abonar por el CNI, bien la ejecución por parte de una empresa participada por los socios del CDBDM de la obra que proyectaba ejecutar el CNI, bien la adjudicación por parte de la APB a diversos socios del CDBDM de encargos no sujetos a concurso (informes jurídicos, etc)».
