La presidenta del Govern y del PP de Baleares Marga Prohens ha anunciado que se generarán nuevos decretos de simplificación administrativa que complementarán al ya aprobado en el mes de mayo y por el que modificaron cincuenta leyes y decretos ley, con más de 170 cambios.
En el día de clausura de la Escuela de Verano ‘Creixem amb tu’ organizada por el PP de Ibiza, Prohens ha declarado la profundización de la simplificación administrativa «es el reto de la legislatura pese a quien pese y si este primer decreto ha levantado ampolla, esperen al segundo porque habrá un segundo y un tercer decreto de simplificación administrativa».
Controversias con Madrid
Cabe recordar que el Gobierno de España había lanzado una advertencia al Ejecutivo de Marga Prohens, señalando la posible inconstitucionalidad de la recientemente aprobada Ley de Simplificación Administrativa en Baleares.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó el jueves pasado en Palma que la ley del Gobierno balear del PP no debió ser aprobada mediante un decreto.
Torres ha sido claro en su advertencia, subrayando que si no se negocian las modificaciones necesarias en los aspectos de la ley que se consideran inconstitucionales, el Gobierno central interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional. «No podemos permitir que una ley con aspectos tan controvertidos avance sin el debido proceso y sin el respeto a la Constitución», afirmó Torres.
El decreto en cuestión
El decreto ómnibus de medidas urgentes actúa sobre los principales atascos burocráticos de la Administración. Por un lado, se suprime la Comisión Balear de Medio Ambiente, para que a partir de ahora los informes de impacto ambiental se pasen a evaluar desde una perspectiva estrictamente técnica y se dé el visto bueno, o no, en un tiempo razonable, y eliminar las interferencias políticas. Así, la Comisión Balear de Medio Ambiente deja de funcionar como un órgano colegiado y pasa a operar como un departamento técnico, con lo cual se adoptará el modelo de la mayoría de comunidades autónomas.
El órgano ambiental se integrará en la actual Dirección General de Coordinación y Armonización Urbanística que pasará a denominarse Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental. La participación de los consells insulares y de los ayuntamientos queda garantizada en el procedimiento ambiental a través de la fase de consultas a las administraciones públicas.
Por otro lado, en materia de recursos hídricos, se reducen los supuestos que requieren de forma obligatoria un informe de la Dirección General correspondiente.
En los ámbitos de vivienda y urbanismo, una de las principales medidas nuevas es que se facilita una agilización de las licencias urbanísticas municipales y se da la opción —por lo tanto, de forma voluntaria— de externalizarlas a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que emitirán los pertinentes informes técnicos y jurídicos, y de este modo conseguir reducir los plazos de la concesión de estas licencias. Es una figura que existe en otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana.
Además, se elimina la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que emiten los consells insulares, y se deja como base la licencia municipal de primera ocupación, dado que había una evidente duplicidad. Las licencias también se podrán externalizar a las ECU.
En el caso de los servicios sociales, se crea un historial social único, un registro unificado que permitirá garantizar una atención integral efectiva y agilizar, por ejemplo, el acceso a las diferentes ayudas a partir del cruce de los datos, informaciones y conocimientos de los dos ámbitos para evitar duplicar el papeleo que se requiere, avanzar en la digitalización y establecer un modelo de coordinación asistencial de la cronicidad y la dependencia. Igualmente, las personas que acrediten un diagnóstico de enfermedad mental a partir de un informe médico no necesitarán obtener el certificado de discapacidad para acceder a las ayudas sociales y en la red de entidades sociales de la Comunidad Autónoma.
