Los tribunales han respaldado una de las medidas clave en materia de vivienda del anterior ejecutivo autonómico: la expropiación del uso de pisos vacíos pertenecientes a grandes propietarios para destinarlos a alquiler social. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TJSIB) ha emitido varias sentencias en las últimas semanas desestimando los recursos de grandes propietarios contra estas expropiaciones.
El principal argumento de las sentencias es que la expropiación está legalmente justificada ante la crisis de acceso a la vivienda en las Islas Baleares. Los magistrados destacan que es difícil negar que el acceso a una vivienda digna y asequible es uno de los principales problemas para un amplio sector de la población balear, y que la situación tiende a empeorar. Esto justifica la decisión de implantar medidas reactivas, incluso apartándose del procedimiento ordinario.
Las sentencias afirman que la Ley de Vivienda de 2018, que permite estas expropiaciones, y su desarrollo reglamentario, no son cuestionables. Los magistrados señalan que la función social de la propiedad de la vivienda está definida por su destino al uso residencial y que los grandes tenedores tienen una responsabilidad especial en facilitar el acceso a viviendas dignas, especialmente para los más desfavorecidos, según Menorca.Info.
Otro aspecto abordado por las sentencias es la naturaleza de la expropiación frente a las sanciones. La normativa estatal y varias sentencias del Supremo establecen que la expropiación no tiene una finalidad punitiva, sino que busca cumplir un objetivo legal relacionado con la función social de la vivienda, que es habitarla. Aunque reconocen que la expropiación supone un gravamen para los propietarios, enfatizan que no se aplican los principios del derecho sancionador, justificando la necesidad de una reacción inmediata por parte de los poderes públicos dado que la vivienda es un bien básico para el desarrollo de la persona.
