Un numeroso grupo de personas desalojadas del asentamiento de Can Rova ha decidido llevar al propietario de la finca ante los tribunales, acusándolo de estafa por el cobro de alquileres de parcelas en un terreno ilegal.
Según ha informado el abogado que representa a este colectivo, David Fechenbach, en diálogo con Radio Ibiza, la denuncia penal se presentará en los próximos días, además de iniciar demandas civiles para intentar recuperar el dinero pagado, que oscila entre 300 y 1.000 euros mensuales.
Los afectados, que aún permanecen acampados en las cercanías de Can Rova, exigen al Ayuntamiento de Santa Eulària que ofrezca una solución habitacional inmediata para las familias desalojadas.
Este lunes, el grupo presentó un escrito en las oficinas municipales reclamando alternativas reales que cubran sus necesidades básicas, independientemente del proceso judicial en marcha.
Fechenbach no descarta la posibilidad de demandar también al Ayuntamiento si se comprueba que no se han seguido correctamente los protocolos establecidos para situaciones de este tipo.
«Tenemos copias de los contratos firmados y de los pagos realizados, que serán la base de nuestras denuncias tanto penales como civiles», aseguró el abogado.
