El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado la imposición de una sanción de 857.836,11 euros por el alquiler ilegal de un piso a turistas, detectado en un bloque residencial donde no se permite el uso turístico.
La denuncia, realizada a través de la Línea Verde, ha dado lugar a una inspección que confirmó la infracción, marcando un precedente en la lucha contra el alquiler turístico sin licencia en la ciudad.
El alcalde Rafael Triguero destacó la importancia de esta sanción durante el Debate sobre el Estado del Municipio, subrayando la firmeza con la que el consistorio continuará enfrentando este tipo de prácticas.
“Ibiza debe ser una ciudad para vivir, y para poder ofrecer más opciones de futuro a nuestros vecinos tenemos que luchar con firmeza contra el intrusismo”, señaló Triguero. La colaboración entre la Policía Local y el Consell Insular de Ibiza ha sido determinante para llevar adelante este proceso.
Durante la inspección del inmueble, realizada en septiembre, se comprobó que el piso había sido reservado por un turista extranjero a través de la plataforma Airbnb, confirmando su uso ilegal.
El cambio de uso de edificaciones sin la licencia adecuada es considerado una infracción urbanística grave, sancionable con multas que oscilan entre el 50 y el 100 % del valor del inmueble. La presión contra estas prácticas responde a la estrategia municipal de poner fin a la impunidad en la comercialización de viviendas ilegales. «La impunidad ha terminado», declaró enfáticamente el alcalde.
Refuerzo de la vigilancia y sanciones más contundentes
La propuesta de sanción se enmarca en un contexto de mayor vigilancia y control sobre las viviendas turísticas ilegales en la ciudad. En junio, el Departamento de Lucha contra el Intrusismo del Consell Insular, junto con la Policía Local, ya había tramitado propuestas de sanciones por valor de 224.000 euros contra seis propietarios por la comercialización ilegal de pisos turísticos.
Estas multas oscilaron entre los 40.000 y los 24.000 euros, tras constatarse la publicidad y contratación de los inmuebles sin presentar la declaración responsable de inicio de actividad turística.
Esta actuación refleja el compromiso del Ayuntamiento y del Consell con la regulación del mercado de la vivienda, priorizando el bienestar de los residentes y combatiendo la especulación.
Desde el consistorio insisten en que esta vigilancia continuará, utilizando herramientas como la Línea Verde, que permite a los ciudadanos denunciar actividades ilegales de forma anónima y eficiente.
