El Parlament balear ha dado luz verde a la ley de simplificación administrativa este martes, respaldada por los votos del PP y Vox, pese a no alcanzar un acuerdo respecto a la construcción y legalización en zonas de riesgo.
La normativa mantiene su texto original, lo que permite la legalización de viviendas fuera de ordenación, incluidas aquellas situadas en áreas inundables, y no contempla la prohibición de construir en estas zonas.
Un debate marcado por la falta de consenso
Durante el pleno, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, defendió que el Govern había realizado «grandes esfuerzos y muchas cesiones», acusando al PSIB de bloquear cualquier posibilidad de consenso. Según Costa, el Ejecutivo proponía medidas como prohibir nuevas urbanizaciones y la legalización en zonas inundables, así como permitir únicamente reformas de seguridad en viviendas ya existentes.
Ante la falta de acuerdo, Costa anunció que tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), el Govern presentará un decreto ley para introducir las medidas necesarias que «garanticen la seguridad de los ciudadanos».
Por su parte, la diputada socialista Mercedes Garrido responsabilizó al PP y al propio Costa de la falta de consenso, criticando que la propuesta del Ejecutivo es «lo mismo pero con otro nombre». En su intervención, señaló que la oposición buscaba una prohibición más amplia que incluyera todas las áreas de riesgo y no solo las zonas inundables.
Polémica por los artículos aprobados
En el pleno, los votos particulares del PP salvaron artículos que habían sido rechazados previamente en comisión. Estas medidas buscan agilizar proyectos relacionados con la transición energética, pero han sido criticadas por los partidos de la izquierda, que las consideran un retroceso en materia de cambio climático.
Desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon cuestionó que la ley permita a los policías locales portar armas de fuego, una medida que calificó como «una vulneración de competencias de los alcaldes».
Por su parte, Vox celebró la aprobación de enmiendas que reducen la prescripción de infracciones en suelo rústico a ocho años. La diputada Patricia de las Heras argumentó que esta medida «aporta seguridad jurídica a los propietarios».
Un conflicto que podría seguir
El debate sobre las zonas de riesgo continúa siendo uno de los temas más controvertidos. Desde la oposición se alerta de las implicaciones ambientales y sociales que supone no regular de forma más estricta estas áreas. El Govern, por su parte, insiste en que las medidas adicionales que plantea el decreto garantizarán un equilibrio entre desarrollo y seguridad.
