El ex alcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz, y el actual presidente del Club Náutico de Ibiza, Juan Marí, se sentarán en el banquillo de los acusados en la macrocausa del caso puertos que será juzgada por la Audiencia Provincial de Baleares el año que viene.
Ruiz y Marí se enfrentan a una solicitud de pena de tres años de cárcel por un delito continuado de prevaricación administrativa. Tal como se preveía después de que ni acusación particular, Doce Millas, ni Fiscalía Anticorrupción lo solicitaran en sus escritos de acusación, se ha librado del banquillo el vicepresidente del club, el abogado y ex conseller de Interior del Govern balear, el socialista Josep Maria Costa.
Indemnización millonaria
Portocolom Nautic SL, la sociedad que se da por ganadora del concurso si no hubiera habido amaño, reclama una indemnización millonaria por no haber sido el ganador de la explotación de la dársena que ocupa en la actualidad Puertos y Litorales Sostenibles, SL.
En total, la reclamación asciende a más de 36,7 millones de euros, importe que es la suma de los gastos ocasionados en la tramitación y del lucro cesante, es decir, de los beneficios que aspiraba a obtener durante la duración de la concesión.
La jueza que ha instruido el caso y que ha acabado dictando auto de apertura de juicio oral, Martina Mora, según publica Diario de Mallorca, no parece compartir que el rival del Club Náutico de Ibiza tenga derecho al lucro cesante en concepto de responsabilidad civil. De hecho ha justificado que no haya impuesto fianza alguna por este motivo.
Sin fianza
El perjuicio «no puede ser su expectativa de ganancia (lucro cesante), sino los gastos soportados por acudir a dicho procedimiento de contratación o adjudicación pública». Según el auto conocido ayer y desvelad por la prensa mallorquina, «la prueba sobre dicho perjuicio es extraordinariamente sencilla, estando en la mano de los perjudicados aportar los documentos relativos a los costes que asumieron y sumarlos sin que precisen para ello ningún informe pericial. Nada de eso se ha aportado ni consta en la causa, lo que hace imposible una cuantificación siquiera aproximada del perjuicio que permita fijar, al menos en este momento procesal, una fianza a su favor».
Acompañarán a Rafa Ruiz y a Juan Marí en el banquillo de los acusados en la macrocausa 12 personas más. A la cabeza, el ex presidente de la Autoridad Portuaria nombrado por Francina Armengol, Juan Gual de Torrella. Se enfrenta a una solicitud de nueve años de prisión por delitos de fraude a la administración, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
A peticiones de cuatro años de cárcel se enfrentan Juan Carlos Plaza, director de la APB cuando se cometieron los hechos, Armando Parada, jefe de explotación, Fernando Berenguer, jefe de gestión, Dolores Ripoll, la abogada del estado, y Fernando Puigserver, vicepresidente de la APB.
Otras cinco personas se sentarán en el banquillo por el supuesto amaño de una marina en el puerto de Mahón: Justo Saura, en calidad de presidente de la patronal náutica, y Benito Reynés, Javier Mas, Marc Pons Pérez y Basilio Sastre, en representación de la mercantil supuestamente beneficiada.
Tal como ha publicado La Voz de Ibiza, tanto el escrito de instrucción de la jueza Martina Mora como el de acusación de la Fiscalía relatan las maniobras de la cúpula de la APB y con el respaldo de la abogada del estado y en connivencia con el ex alcalde de Ibiza y entonces miembro del Consejo de Administración de la APB y el conocimiento del Club Náutico de Ibiza para que la entidad mantuviera la explotación de la dársena en perjuicio de los otros licitadores.
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