La polémica por la paralización de un chiringuito en Cala Gració en 2018 llega a la Audiencia Provincial, donde se celebra la vista previa del juicio contra el exalcalde de Sant Antoni, el socialista Josep Tur Cires, y la exconcejala de Urbanismo, Cristina Ribas.
Ambos se enfrentan a acusaciones de prevaricación administrativa por las decisiones que impidieron la apertura del quiosco pese a contar con permisos iniciales.
El origen del conflicto: un quiosco que nunca abrió
El caso tiene sus raíces en el verano de 2018, cuando la promotora Bambagás instaló un chiringuito desmontable con la autorización del Ayuntamiento y el aval de la Demarcación de Costas.
Sin embargo, la apertura fue frenada por un decreto firmado por Cristina Ribas, que exigía un certificado de finalización de obra antes de iniciar la actividad.
La promotora, que denuncia una actuación irregular del consistorio, exige una pena de inhabilitación de 12 años para Tur y Ribas, alegando que contaba con todos los permisos necesarios para operar.
Por su parte, la Fiscalía, que ha solicitado el archivo del caso, argumenta que las decisiones adoptadas estaban respaldadas por informes técnicos municipales y no obedecían a ninguna intención de perjudicar a los promotores.
La defensa de Tur y Ribas: decisiones basadas en informes técnicos
El Ministerio Público subraya que tanto el exalcalde como la exconcejala fundamentaron su postura en informes de la arquitecta municipal y de la inspectora de Urbanismo, que detectaron irregularidades en el proyecto y cuestionaron su adecuación a los permisos otorgados.
Según la Fiscalía, no existen pruebas que demuestren una intención deliberada de perjudicar a la promotora.
“Las decisiones fueron técnicas y no políticas”, ha defendido la defensa de los acusados, que sostiene que el cambio de criterio buscaba garantizar el cumplimiento de la normativa y no constituye un delito.
