El PSOE ha pedido suspender de manera cautelar la legalización de viviendas con irregularidades urbanísticas prescritas en suelo rústico en Ibiza. El Partido Socialista ha interpuesto una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra el acuerdo del pleno del Consell Insular del 28 de junio y que facilita la legalización de viviendas ilegales o de parte de las mismas a miles de ibicencos.
Ese día, el Consell de Ibiza aprobó la aplicación en la isla del «procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones, construcciones e instalaciones en suelo rústico» previsto en la disposición adicional séptima del Decreto Ley 3/2024 del Govern Balear y que recientemente ha sido convalidado como ley con cambios.
El PSOE votó en contra y ya en julio adelantaba que buscaría frenar la medida por vía judicial. Ahora, ha dado el paso en el juzgado con el argumento de que la medida premia a infractores y además tendrá un grave impacto ambiental y urbanístico en la isla.
Según la portavoz socialista en el Consell Insular, Elena López, «es una norma destinada a premiar a quienes lo han hecho mal. Premia y fomenta la comisión de infracciones urbanísticas. Un efecto llama a seguir infringiendo, con ese mensaje que da el PP de ‘más adelante ya te lo arreglaré'».
López Bonet ha calificado la medida como «absolutamente arbitraria y escandalosamente clientelar». Y ha señalado que en una isla que «necesita mayor protección territorial, donde hay falta de recursos como es el agua, que sufre problemas de masificación, la amnistía urbanística no hará más que incrementar todos estos problemas».
Por su parte, la diputada Pilar Costa ha detallado que uno de los principales argumentos legales que tienen para concluir que la norma debe declararse nula de pleno derecho es su «falta de motivación». Para Costa, es una decisión totalmente «arbitraria», ya que «el decreto ley del gobierno balear habilitaba al Consell a aplicar o no la amnistía, y decide hacerlo, pero sin aportar justificación».
Costa también ha expuesto que la amnistía contraviene varias normativas autonómicas, como la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares y las Directrices de Ordenación Territorial, así como normativa estatal básica, como el Real Decreto Legislativo 7/2015 (Ley del Suelo).
La demanda
El PSOE también ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.
En su presentación, el PSOE enfatiza que la disposición adicional séptima del Decreto Ley 3/2024 deja a discreción de los consejos insulares la decisión de implantar el procedimiento de legalización extraordinaria. Pero que el Consell de Ibiza se ha limitado a reproducir el contenido del decreto ley «sin aportar ningún argumento que avale su necesidad o utilidad para el territorio insular».
«Concretamente, la necesidad de motivación de los actos administrativos está regulada, con carácter general, en el art. 35 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas», ha señalado el socialismo en su comunicado.
La demanda también apunta a que el acuerdo plenario y la disposición adicional en el que se fundamenta la medida contravienen diversas normativas autonómicas, como la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares y las Directrices de Ordenación Territorial, así como normativa estatal básica, como el Real decreto Legislativo 7/2015 (Ley del Suelo). «Estas leyes establecen criterios estrictos para la protección del suelo rústico, que el procedimiento extraordinario de legalización ignora al permitir regularizaciones sin cumplir los parámetros urbanísticos aplicables. Esta vulneración pone en riesgo no sólo la integridad del marco normativo, sino también la seguridad jurídica y la protección de los intereses colectivos», dice el PSOE, que califica la medida como una «amnistía urbanística» encubierta.
Al mismo tiempo, la demanda del partido socialista subraya que la medida «podría desvirtuar los valores medioambientales, paisajísticos y culturales de la isla, generando una desprotección injustificada de su territorio y favoreciendo prácticas que incumplen la normativa urbanística vigente».
