La Asociación Salvem sa Badia ha presentado ante la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua diversas aportaciones por la anunciada modificación del Decreto 21/2017 que regula el alquiler de embarcaciones en el archipiélago balear. Especialmente señalan que no hace referencia en ningún apartado a la protección del medio ambiente.
Entre las aportaciones presentadas se incluyen propuestas específicas de vigilancia de fondeos en la bahía de Portmany y formación ambiental obligatoria para los patrones del chárter náutico.
Uno de los objetivos que subraya Salvem sa Badia es la necesidad de llevar a cabo un control más efectivo de las infracciones. En este sentido, se suma a las peticiones hechas por otras entidades y reclama, para el caso particular de la bahía de Portmany, la presencia de dos inspectores fijos que se encarguen de supervisar la validez de permisos, las autorizaciones de fondeos, los embarques y desembarques de personas, la gestión de residuos y aguas grises, y otros requisitos detallados en el decreto.
También se pide la puesta en funcionamiento de un número de WhatsApp a través del que los ciudadanos puedan notificar infracciones en cualquier momento.
“En relación al procedimiento, y dadas las numerosas infracciones que ocurren a diario en el mar, son necesarias otras medidas de información y prevención. Entre ellas, la obligatoriedad de que los patrones de las empresas de alquiler se sometan a un curso de buenas prácticas ambientales y de navegación, que se repita en cada renovación del permiso de actividad”, ha señalado la asociación en un comunicado.
“Asimismo, durante la tramitación de los permisos la autoridad deberá informar con detalle a las empresas sobre las restricciones de actividad en los espacios marítimos protegidos y de la Red Natura 2000, así como sobre las sanciones aplicables en caso de transgresiones”, ha agregado.
Requisitos
Respecto a las cuestiones relacionadas con la habilitación y los requisitos para el ejercicio de la actividad, Salvem sa Badia considera que, en caso de otorgarse un número limitado de permisos de actividad, debe integrarse una cláusula de prioridad que favorezca a las empresas con embarcaciones que no emitan CO2.
Además, según señala la asociación, cada embarcación debería disponer de un amarre en un puerto balear por el periodo de actividad solicitado, donde tenga lugar el embarque y desembarque de pasajeros, vaciado de aguas grises, gestión de residuos, aprovisionamiento, limpieza, etcétera. En caso contrario, se tendría que disponer de autorización para acceder al mar por una rampa habilitada y acreditación de amarre legal, para evitar un excesivo tránsito en los embarcaderos de las golondrinas que se dedican al tráfico regular de pasajeros.
Por último, en relación a la digitalización y la agilización de los trámites, Salvem sa Badia pide que el archivo “Declaraciones responsables”, que es de carácter público y accesible desde la web de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, se reorganice por ‘Nombre del titular’, para poder facilitar los controles de embarcaciones chárter registradas. A fecha 27 de enero de 2025 figuraban 3.439 declaraciones responsables en 150 páginas, por orden de fecha de renovación, complicando cualquier consulta por nombre.
