El Parlament balear ha aprobado este martes una propuesta en la que reclama al Gobierno central que reconozca la ruta migratoria entre Argelia y Baleares como un corredor consolidado y refuerce los recursos para afrontar la llegada de inmigrantes. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular con enmiendas de Vox, ha contado con el respaldo de 33 votos a favor y 24 en contra de la oposición, evidenciando la división política en torno a este asunto.
La sesión parlamentaria ha estado marcada por un debate intenso sobre la gestión de la inmigración en las islas. En 2024, más de 5.800 personas llegaron en pateras a Baleares, triplicando la cifra del año anterior. La falta de medios y el impacto sobre los servicios de seguridad y asistencia han sido el eje de las críticas dirigidas al Gobierno central, al que se le acusa de desatender una crisis que, según el PP, ya no puede ser ignorada.
Formentera, la isla más afectada
Uno de los puntos clave del debate ha sido la situación de Formentera, que con apenas 12.000 habitantes ha recibido la mitad de los inmigrantes llegados a Baleares en el último año. El diputado de la isla, Llorenç Córdoba, ha defendido la necesidad de que el Gobierno central priorice el envío de recursos para reforzar la atención en el municipio. Su enmienda ha sido aprobada con un amplio respaldo de 56 votos a favor y solo uno en contra.
Córdoba ha subrayado que la llegada masiva de personas pone en jaque la capacidad de respuesta de los servicios públicos, sobre todo en materia de extranjería, seguridad y sanidad. La presencia de menores no acompañados es otro de los factores que más preocupan, ya que Formentera es el territorio con mayor ratio de acogida en España, con 104 menores registrados en 2024. Esta situación supone un desafío logístico y económico para la administración local, que ha estimado en nueve millones de euros el coste de su atención.
Críticas al Gobierno y exigencias de medidas
Durante su intervención, la diputada del PP Cristina Gil ha señalado que Baleares se encuentra en una situación de abandono por parte del Ejecutivo central. Ha denunciado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue sin reconocer la existencia de esta ruta migratoria, a pesar de las cifras y los informes policiales que confirman su consolidación. Según Gil, la falta de acción del Gobierno ha obligado al Parlament a tomar la iniciativa para exigir soluciones inmediatas.
En su intervención, Gil ha insistido en la necesidad de reforzar los recursos destinados a la atención de los inmigrantes, así como de aumentar el personal de los cuerpos de seguridad en las islas. Ha calificado de «deslealtad institucional» la falta de respuesta del Ejecutivo ante una crisis que, en su opinión, no puede seguir siendo ignorada.
Por su parte, el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha criticado la postura de la izquierda, acusándola de minimizar el problema y de adoptar una “política de la avestruz” frente a la realidad migratoria en Baleares.
Ha señalado que la presión migratoria genera inseguridad y que es necesario endurecer las políticas de control para evitar la llegada masiva de pateras.
Un debate polarizado en el Parlament
Las críticas al Govern balear no se han hecho esperar. La diputada socialista Teresa Suárez ha reprochado al PP su intención de utilizar la inmigración como arma política contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ha defendido que la mayoría de los inmigrantes que llegan a las islas no permanecen en ellas y que buena parte de la economía balear se sostiene gracias a su mano de obra. Según Suárez, la propuesta aprobada solo busca generar alarma y no aborda la cuestión desde una perspectiva humanitaria y de derechos.
Desde Més per Mallorca, la diputada Marta Carrió ha apostado por un enfoque que combine diplomacia y medidas de integración. Ha destacado la necesidad de reforzar la protección de los menores inmigrantes y ha señalado que el reto que enfrenta Baleares es de gestión y no de confrontación política.
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