La ley de simplificación administrativa y la legalización de viviendas en suelo rústico han llegado al Tribunal Constitucional. Este jueves, los diputados nacionales Pepe Mercadal (PSOE), Vicenç Vidal (Sumar Més) y Martina Velarde (Podemos) presentaron un recurso contra la norma, argumentando que supone “una agresión ambiental sin precedentes” en Baleares.
La iniciativa ha sido promovida desde las Islas y cuenta con el respaldo de 50 diputados de PSIB, Podemos y Sumar Més, así como de una treintena de entidades sociales y ecologistas que forman parte del Fòrum de la Societat Civil.
Denuncian una “amnistía urbanística” en suelo rústico
Los impulsores del recurso consideran que esta ley supone “el mayor ataque al territorio de Baleares en décadas”, ya que abre la puerta a la legalización de construcciones fuera de ordenación en suelo rústico.
Entre las entidades que han apoyado el recurso se encuentran GOB Mallorca, GOB Menorca, Amics de la Terra, Pla de Mallorca XXI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Obra Cultural Balear, Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Palma, Col·lectiu Alternatives, CCOO y STEI-Sindical.
Según han explicado en una nota de prensa, la norma aprobada por el Govern facilita la regularización de edificaciones y usos irregulares en suelo rústico y permite el silencio administrativo positivo, lo que, según denuncian, favorecerá aún más las legalizaciones.
Dos frentes de inconstitucionalidad en la ley
El recurso se basa en dos bloques principales de inconstitucionalidad. Por un lado, pone en cuestión el proceso generalizado de legalización de viviendas y, por otro, la aplicación del silencio administrativo positivo, lo que, a su juicio, podría derivar en una regularización masiva de construcciones fuera de la ley.
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Además, los denunciantes alertan de que la ley abre la puerta a que muchas de estas edificaciones puedan destinarse al alquiler turístico, algo que, según sostienen, tendría un fuerte impacto en el territorio y en la presión urbanística.
Desde el inicio de su tramitación, la ley ha sido rechazada por los partidos de izquierda en el Parlament balear, que consideran que esta reforma desprotege el suelo rústico y favorece la especulación.
El Govern defiende la ley como una medida para agilizar trámites
Por su parte, el Govern balear ha defendido la norma, asegurando que no se trata de una amnistía urbanística, sino de una medida para agilizar los procedimientos administrativos y resolver situaciones irregulares que llevan décadas sin solución.
Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que la ley da respuesta a un problema real y que, lejos de fomentar la especulación, pretende acabar con la incertidumbre legal de muchas familias que llevan años sin poder regularizar su situación.
Un recurso que podría paralizar la aplicación de la ley
La presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional abre ahora un nuevo escenario legal, ya que, si el alto tribunal lo admite a trámite, podría suspender la aplicación de la ley mientras se resuelve su constitucionalidad.
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