La Ley 7/2024 de simplificación administrativa en Baleares, impulsada por el PP con apoyo de VOX, se enfrenta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por PSOE, MÉS, Sumar y Podemos. Según la oposición y las principales entidades ecologistas, la norma representa “una amnistía urbanística” que beneficia intereses privados y pone en riesgo el territorio y el medio ambiente en las Islas.
El recurso, registrado este jueves ante el Tribunal Constitucional, ha sido impulsado por el GOB y el Foro de la Sociedad Civil, con el respaldo de asociaciones como Amigos de la Tierra, Fundación Iniciativas del Mediterráneo, OCB, CCOO y Stei-Intersindical.
Los denunciantes aseguran que esta ley es «un retroceso sin precedentes», ya que facilita la legalización masiva de construcciones en suelo rústico, permite edificar en zonas de alto riesgo y elimina controles ambientales fundamentales.
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Amnistía para las construcciones ilegales en suelo rústico
Uno de los pilares del recurso es la legalización generalizada de edificaciones y usos irregulares en suelo rústico. Hasta ahora, para construir en estas zonas era necesario cumplir con parcelas mínimas, alturas reguladas y volumetría permitida, además de obtener licencias y pagar tasas.
Con la Ley 7/2024, se podrán regularizar miles de construcciones sin cumplir estos requisitos, lo que, según la oposición, supone un trato desigual y un agravio para quienes han seguido la normativa.
«Es un premio a los infractores urbanísticos en detrimento de quienes han respetado la ley», denuncian desde el GOB.
Asimismo, alertan de que muchas de estas edificaciones podrían destinarse al alquiler turístico, lo que agravaría aún más la crisis de vivienda en las islas.
Construcción en zonas de riesgo de inundación e incendios
El recurso también impugna la posibilidad de construir en zonas catalogadas como de riesgo, como áreas propensas a inundaciones e incendios forestales.
Las restricciones en estos suelos se endurecieron tras desastres naturales que causaron víctimas mortales y grandes daños en Baleares. Sin embargo, con la nueva norma, estas protecciones se eliminan, lo que podría derivar en consecuencias catastróficas en caso de fenómenos climáticos extremos.
«No hay ninguna urgencia para permitir nuevas construcciones en zonas peligrosas. La única explicación es el beneficio de intereses privados», señalan.
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Silencio positivo: vía libre para construcciones sin control
Otro de los puntos más polémicos es la introducción del silencio administrativo positivo, que permite que una legalización se apruebe automáticamente si la administración no responde a tiempo.
Así, los trámites urbanísticos requerían una respuesta explícita de las autoridades. Pero con la Ley 7/2024, bastará con que pase un plazo determinado sin respuesta para que la construcción quede regularizada, lo que, según la oposición, es una vía libre para la especulación.
«Se está reduciendo el control público sobre el desarrollo urbanístico, lo que puede derivar en un caos regulatorio y una falta de transparencia en la gestión del territorio», advierten los denunciantes.
Menos controles ambientales: cambio en la Evaluación de Impacto
La ley, insisten, reduce las exigencias en la Evaluación Ambiental, un filtro clave para determinar si un proyecto puede dañar el medio ambiente.
En este punto, cualquier embalse de más de 500.000 m³ debía someterse a este control. Con la nueva norma, el umbral sube a 2.000.000 m³, cuadruplicando la cantidad antes de que sea obligatorio un estudio ambiental.
Además, se elimina la obligación de evaluación de impacto ambiental en los proyectos de regeneración de playas, lo que podría facilitar intervenciones sin los estudios previos que hasta ahora eran obligatorios.
«No hay ninguna justificación técnica para relajar estos controles. Solo se busca agilizar proyectos sin medir sus consecuencias», critican desde el GOB.
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Una ley aprobada con prisas y sin justificación de urgencia
La oposición y las entidades ecologistas cuestionan así la forma en que se aprobó la ley, recurriendo a la vía del Decreto Ley, que solo puede utilizarse en casos de «extraordinaria y urgente necesidad».
Sin embargo, sostienen que no había ninguna urgencia que justificara la medida, y que su tramitación se hizo de forma precipitada y sin consenso.
«Este Decreto Ley solo obedece a intereses particulares. No hay ninguna urgencia para modificar docenas de normativas en favor de quienes han construido sin permisos», argumentan.
Por otro lado, aseguran que el Govern tuvo que aprobar decretos adicionales para corregir errores en la votación del Pleno, lo que califican de «esperpento parlamentario».
El Tribunal Constitucional decidirá el futuro de la ley
Con el recurso ya presentado, ahora es el Tribunal Constitucional quien deberá decidir si lo admite a trámite y suspende la aplicación de la norma mientras se resuelve el caso.
Mientras tanto, el Govern balear defiende la Ley 7/2024 como una medida para agilizar trámites, reducir burocracia y dar seguridad jurídica a los propietarios.
Sin embargo, la oposición y las entidades ecologistas ven en esta ley la mayor amenaza al territorio de Baleares en décadas y advierten que, si se mantiene, puede cambiar por completo la ordenación territorial en las Islas.
