El Partido Popular de Ibiza ha anunciado la creación de un frente común contra la okupación ilegal, instando a todas las instituciones de la isla a sumarse a la iniciativa. La formación ha denunciado que la legislación vigente favorece la usurpación de viviendas y ha reclamado cambios normativos que permitan desalojar a los okupas en 24 horas.
Un problema que se agrava en Ibiza
El PP sostiene que la okupación ha crecido de forma alarmante en Baleares, con un 91 % más de casos desde 2018. Según datos del Instituto de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el archipiélago se ha pasado de 269 delitos de allanamiento y usurpación en 2018 a 514 en 2024.
El presidente del partido en Ibiza, José Vicente Marí, ha alertado de la situación y ha señalado que la actual Ley de Vivienda está generando un efecto llamada. «Se ha convertido en un gravísimo problema en nuestro país y se protege más a los delincuentes que a las personas que cumplen la ley», ha afirmado.
Desde la formación han denunciado que el PSOE mantiene bloqueada en el Congreso una ley aprobada en el Senado, promovida por el PP, que permitiría desalojar a los okupas en un día, incrementar las penas por usurpación y evitar que puedan empadronarse en las viviendas ocupadas.
Mociones en todas las instituciones
El PP de Ibiza pretende coordinar estrategias entre los diferentes ayuntamientos y el Consell para endurecer las actuaciones contra la okupación, un fenómeno que ha generado alarma en la isla.
El frente común contra la okupación se traducirá en una batería de mociones en los ayuntamientos de la isla, el Consell de Ibiza y el Parlament balear. El objetivo es que todas las administraciones rechacen públicamente la okupación y exijan al Gobierno la derogación de la actual Ley de Vivienda.
«Es un problema real y deben reforzarse las herramientas jurídicas con las que cuentan propietarios y FCSE para poder actuar rápido y de manera eficaz», ha defendido el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. Además, ha instado al PSOE a replantear su postura y sumarse a la iniciativa, asegurando que «tienen la oportunidad de reconocer que no han estado en el lado correcto de esta historia».
Movilización social y denuncia política
El PP también ha anunciado que organizará mesas informativas y actos en la calle para explicar a los ciudadanos sus propuestas contra la okupación y denunciar lo que consideran un bloqueo político por parte del Gobierno central.
«No es un problema de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de los jueces, sino de una regulación que protege más a los okupas que a los propietarios», ha insistido José Vicente Marí, subrayando que la situación de Ibiza requiere medidas urgentes.
Desde el partido aseguran que esta ofensiva busca enviar un mensaje claro a los okupas y a las mafias que se lucran con la usurpación: en Ibiza «no se les dará cobijo» y la sociedad responderá de manera firme.
Esta iniciativa llega en un contexto de creciente presión social tras varios episodios recientes de okupación en Ibiza. La formación política insiste en la necesidad de una respuesta contundente para proteger a los propietarios y garantizar la seguridad en los barrios afectados.
Vox pide explicaciones al Ayuntamiento de Sant Antoni sobre posibles ayudas a okupas desalojados
Mientras el PP prepara su plan, Vox en Santa Eulària y Sant Josep ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Antoni que aclare si ha ofrecido alojamiento gratuito en hostales o cualquier otro tipo de ayuda a los okupas recientemente desalojados en la localidad.
En un comunicado, la formación ha recordado que el pasado viernes un grupo de vecinos expulsó a la fuerza a unos okupas de una vivienda en Sant Antoni, un suceso que requirió la intervención de la Policía. Vox ha exigido transparencia sobre si el Ayuntamiento ha brindado apoyo económico o asistencia a los desalojados, cuestionando la postura del PP local. Además, ha anunciado que ofrecerá apoyo jurídico gratuito a cualquier vecino denunciado por intervenir en estos desalojos.
La rueda de prensa del PP este lunes podría aclarar si esta nueva estrategia insular contempla algún tipo de actuación en casos como el de Sant Antoni, donde la respuesta vecinal ha sido clave en la expulsión de los okupas.
