El colectivo Prou no respalda la manifestación convocada para este viernes 25 de abril en Ibiza. Su posicionamiento se basa en que la protesta está impulsada por una organización que, a su entender, rechaza cualquier tipo de regulación sobre la entrada de caravanas en la isla.
Aunque no la mencionan por nombre, la referencia apunta a La P.A.C.A. (Plataforma Autocaravanas Autónoma), una agrupación que ha defendido públicamente el libre acceso de caravanas sin cupos ni restricciones en contextos similares.
“Queremos aclarar que NO estamos de acuerdo con esta manifestación”, señalan desde Prou. “Porque la convoca una asociación que, por lo que podemos entender, promueve que no se pongan límites a la entrada de caravanas en Ibiza y pensamos que eso es incompatible con la sostenibilidad del medio ambiente ibicenco”, agregan.
También explican que su postura no se dirige contra quienes viven en furgonetas por necesidad, y establecen una distinción: “Lo diferenciamos de la gente residente que se ha visto expulsada del mercado inmobiliario debido a la masificación y que, por una cuestión de drama social, se ve obligada a vivir así”.
La conclusión es rotunda: “Hay que recordar que en ningún caso apoyamos esta protesta”. La Voz de Ibiza ha querido profundizar sobre el posicionamiento de la plataforma y desde la misma explicaron que darían su parecer de modo completo «lo antes posible».
Caravanistas quieren el apoyo de Prou
Desde el movimiento que impulsa la protesta se muestra un claro malestar ante el rechazo recibido. Sostienen que no están pidiendo la entrada sin control de caravanas, sino que denuncian la aplicación de sanciones a personas que ya viven en la isla sin alternativa habitacional.
“Ya no es tanto por el tema de que la isla sea sostenible… eso lo tenemos claro todos. Lo que nos está moviendo es luchar por nuestros derechos, que no tienen que ver con los vehículos que vayan a entrar, sino con los que ya están dentro y están recibiendo multas desorbitadas”, afirman sin base alguna, ya que la ley no ha empezado a aplicarse todavía.
También señalan que la ley afecta a residentes: “Aparte de esto, los residentes tampoco podrán tener su furgoneta aparcada en su calle. No afecta solo al turismo. No es esto”.
Qué reclaman los caravanistas
Desde la Plataforma de Afectados por la Ley 5/2024, califican la normativa de discriminatoria, injusta y desconectada de la realidad social y económica de Ibiza. Explican que se sienten expulsados por una ley que les impide vivir como pueden.
“No nos quedaremos callados ante una normativa injusta. Exigimos su derogación inmediata”, señalan.
Critican que se exige una reserva en campings, que no están preparados para estancias de temporada, cuentan con pocas plazas y precios inasumibles. Añaden: “La obligación de reservar en un camping como requisito de entrada es discriminatoria y clasista”.
“No somos turistas. Somos trabajadores. Somos vecinos. Contribuimos a la economía de la isla. Esta ley no resuelve nada. Solo prohíbe. Solo castiga. Solo expulsa”, concluyen.
También exigen que se habiliten zonas de estacionamiento como las que existen en Palma, donde se permite estar hasta diez días, y que se respete el derecho a vivir en vehículos vivienda.
“Lo que no puede ser es que no nos quieran, pero tampoco pongan remedio. O que estén multando por algo que no existe. Por ejemplo, no hay una zona donde tirar aguas grises. Es poco lo que estamos reivindicando”.
Qué dice la Ley 5/2024 sobre caravanas
La Ley 5/2024, de 11 de noviembre, establece medidas para controlar la afluencia de vehículos en Ibiza durante la temporada alta. Está motivada por el fuerte aumento del parque móvil en la isla, que ha provocado problemas de saturación.
La norma limita la entrada de vehículos no residentes mediante un sistema de autorización previa. En el caso específico de caravanas y autocaravanas, solo pueden acceder si están matriculadas en Ibiza o si acreditan una reserva confirmada en un camping.
El texto permite sanciones económicas de hasta 30.000 euros por circular o permanecer sin cumplir las condiciones exigidas. La ley ha sido criticada por colectivos sociales y navieras por falta de mecanismos de control eficaces, así como por caravanistas, que aseguran que no se han previsto alternativas reales para quienes viven en vehículos.
