Con más de dos años de retraso, el Consell Insular de Ibiza continúa dilatando la aprobación de las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) del municipio de Sant Josep para establecer nuevas normativas urbanísticas que ordenen el territorio y que reemplacen a las Normas Subsidiarias vigentes desde 1986 y que se han visto superadas por el urbanismo a la carta del municipio.
A pesar que había anunciado a principios de enero la aprobación para el primer semestre de 2025, ahora las fechas ya no son tan claras: “A lo largo de este año”, han contestado desde el Consell a La Voz de Ibiza ante la consulta de cuándo se aprobarían. Un horizonte de más incertidumbre que certezas.
Se trata de una aprobación inicial que da paso a un periodo de exposición pública de seis meses y conlleva una paralización de licencias hasta que la norma es aprobada definitivamente.
Un retraso inesperado
El Decreto Ley 10/2022, aprobado por el Govern balear el 27 de diciembre de 2022, trajo un retraso inesperado. Esta norma desclasifica automáticamente como suelo rústico común aquellos terrenos conocidos como «falsos urbanos«, es decir, suelos clasificados formalmente como urbanos en los instrumentos de planeamiento urbanístico general, pero que no disponen de los servicios urbanísticos básicos.
En el caso de Sant Josep, esta desclasificación afectó a varias áreas que estaban contempladas en las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP), las cuales estaban en proceso de tramitación para sustituir a las obsoletas Normas Subsidiarias de 1986.
La entrada en vigor del decreto generó incertidumbre sobre la clasificación de ciertos suelos y obligó al Ayuntamiento a revisar y rehacer documentos clave, como la memoria ambiental y económica, lo que provocó retrasos en el calendario previsto para la aprobación de las NPP.
Confidencialidad en entredicho
Los documentos relativos a las NPP son confidenciales y, por lo tanto, nadie habría podido tener acceso a su contenido. Y, además, hasta que no sean aprobadas inicialmente no se sabrá el alcance real de la modificación que pactaron en su momento PSOE de Sant Josep y PP del Consell de Ibiza. De eso han pasado ya más de dos largos años.
En noviembre de 2022, cuando se hizo público el acuerdo, la aprobación del instrumento fue anunciada como inminente. Sin embargo, los plazos se siguen dilatado.
El PGOU, en paralelo
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sant Josep tramita la aprobación del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. El proceso de participación ciudadana se ha cerrado la semana pasada con un total de 241 sugerencias recibidas por parte de vecinos y entidades.
Desde el Ayuntamiento aseguran que todas las aportaciones están siendo ahora analizadas en detalle, tanto aquellas de carácter general como las más específicas, con el objetivo de integrarlas en el documento urbanístico desde criterios de rigor técnico y transparencia.
Paso crucial
Las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) representan un paso crucial en la actualización del urbanismo del municipio, sustituyendo temporalmente a las obsoletas Normas Subsidiarias mientras se tramita un nuevo PGOU.
Las NNSS vigentes desde 1986 han quedado desfasadas y no se adaptan a las leyes urbanísticas actuales ni al Plan Territorial Insular. Esto ha generado una situación urbanística «insostenible», con más de 80 áreas de actuación previstas, de las cuales solo se han desarrollado correctamente seis.
Además, muchas urbanizaciones se construyeron sin los instrumentos de ordenación necesarios, lo que ha dificultado la gestión del territorio y la dotación de equipamientos públicos.
El caso más paradigmático es lo que sucede en Vista Alegre. Los planos enviados por el Ayuntamiento de Sant Josep al Consell de Ibiza parecen a medida de la controvertida urbanización, legalizan algunos desmanes que implican a su promotor Fernando Corominas: eliminan el vial privatizado sobre el que construyó una piscina y legalizan el vial que atraviesa una zona verde para facilitar la mansión de ensueño del rey del fracking vinculado a petrodólares.
Los objetivos
En términos generales, las NPP plantean una serie de objetivos:
- Reducción del techo de población: se establece un límite máximo de 43.720 habitantes, aunque solo se podrán otorgar licencias inmediatas para áreas que suman un máximo de 31.702 habitantes. Las zonas menos desarrolladas requerirán informes que acrediten la disponibilidad de recursos como el agua.
- Regularización de edificaciones en suelo rústico: se fijan requisitos adicionales para legalizar construcciones fuera de ordenación, como el uso de materiales sostenibles, instalación de placas solares y recogida de aguas pluviales.
- Fomento de residencias para trabajadores: se permite la construcción de alojamientos temporales para empleados en terrenos turísticos sin desarrollar, con el objetivo de liberar viviendas para residentes permanentes.
Una vez aprobadas las normas, se abrirá un período de exposición pública para que los ciudadanos presenten sus alegaciones para luego avanzar con su validación definitiva. Todo ese proceso debe completarse en seis meses.
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