El Consell de Govern ha aprobado el lunes el decreto de medidas urgentes para la emergencia habitacional que también modifica la Ley General Turística en materia de alquiler turístico y que entrará en vigor en las próximas horas cuando sea publicado en el BOIB.
El vicepresidente primero y conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha asegurado que el decreto contempla la desobediencia de la medida cautelar. Así, la ruptura de un precinto cautelar dictado por los inspectores de Ordenación Turística conllevará la apertura de un procedimiento penal. El precinto de un piso turístico requerirá la autorización de un juez.
“Se abre una nueva fase que es la desobediencia de la medida cautelar, que es un delito. Entramos en otra liga”, ha matizado Juan.
En relación a la aprobación del decreto de vivienda del Govern balear y a la inclusión de medidas cautelares para poder precintar pisos comercializados ilegalmente, el presidente del Consell, Vicent Marí, ha señalado que se trata de un “cambio de rumbo” que permitirá luchar con la “lacra” que hay en Ibiza.
Para el presidente insular, se trata de políticas que dan “certezas y seguridad jurídica”, además de ser “medidas disuasorias” para los infractores que deben saber que hay una ley que “no los ampara y que los perseguirá”.
