El levantamiento parcial del secreto del sumario de caso Puertos ha permitido conocer que otra de las piezas separadas que conforman la instrucción es la adjudicación a dedo por parte del entonces presidente de Autoridad Portuaria de Baleares Juan Gual de forma aparentemente fraudulenta de una concesión a una empresa en la que participaba su ex vicepresidente, el consignatario Miguel Puigserver.
A pesar de que su intención era convocar un nuevo concurso, Gual accedió a prorrogar seis meses a SGM Retail la concesión del duty free del puerto de Palma a través de una ocupación temporal cuando la actividad del puerto estaba paralizada y no había escalas de cruceros previstas por la pandemia.
Se trataba, pues, de una prórroga totalmente innecesaria y que, además, no reportó beneficios a la propia APB y que, en realidad, obedecía al interés de la participada por Puigserver en mantener los permisos para aparentar ante la Agencia Tributaria que los productos que compraba eran comercializados en dicho establecimiento cuando en realidad eran vendidos a través de otros canales. De esta práctica, se desprende un fraude en la tributación del IVA, una derivada del caso Puertos.
Cinco piezas
El sumario investiga la concesión del Club Náutico de Ibiza y la concesión de una marina en el puerto de Mahón a una sociedad participada por náuticas locales. El sumario se compone de dos piezas más que siguen bajo secreto de sumario.
Según la jueza Martina Mora, Gual, en pleno conocimiento de la falta de actividad de la empresa beneficiada, SGM Retail, S.L, dedicada al duty free de la Estación Marítima del puerto de Palma, utilizó su prerrogativa presidencial para conceder autorizaciones temporales de ocupación en beneficio de su directivo y «amigo personal» durante la pandemia, según informa Gaceta Naútica.
Dos delitos
La jueza considera que pueden derivarse de esos hechos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación.
La decisión legal, que tiene como objetivo principal levantar de forma parcial el secreto del sumario de la parte del caso Puertos relacionado con la investigación de este presunto fraude, también indica la existencia de sospechas sobre las prácticas anómalas y posiblemente delictivas de SGM Retail antes de recibir la supuesta adjudicación a dedo por Juan Gual.
Fraude de IVA
Según indica el auto, la mencionada compañía carecía de permiso para llevar a cabo numerosas transacciones de venta exentas de IVA, las cuales quedaron demostradas durante la investigación realizada por la Guardia Civil, a petición de la juez Mora.
Un informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) estima en alrededor de 480.000 euros el monto defraudado por SGM Retail en el año 2015, si bien el cálculo se ha hecho «mediante cálculos matemáticos», ya que no se ha encontrado «registro contable de la compañía ni los documentos necesarios para la venta exenta de IVA».
En resumen, los expertos han verificado que la tienda libre de impuestos operada por SGM Retail en el puerto de Palma trabajó sin interrupción sin la correspondiente supervisión aduanera y para ello llevaba una “contabilidad en B”, conclusión a la que llega la juez de instrucción “tanto por el contenido de las llamadas escuchadas como por el análisis de cuentas realizado en los informes de la AEAT”.
Podría considerarse que estos eventos constituyen un posible incumplimiento de la normativa fiscal por estafa al IVA, con sanciones de hasta cinco años de privación de libertad, «sin descartar otros delitos instrumentales que se puedan demostrar al tener acceso a la contabilidad real».
Enlace maltés
A través de la empresa Mediterránea 2000 de Limpiezas y Servicios, S.L., Miguel Puigserver participa en SGM Retail. La mitad de la sociedad pertenece a una compañía maltesa llamada Salvo Grima Group Limited, que se autodenomina especialista en la distribución de alimentos, productos del hogar, cuidado personal, artículos de papelería y tabaco.
Un aspecto más de la investigación destacado en el auto de la jueza Martina Mora es que, según el informe de la AEAT agregado al sumario, SGM Retail registró ganancias por abastecimientos de barcos cuando presumiblemente se tratarían de ventas en la tienda libre de impuestos de la Estación Marítima.
Según el auto judicial, «en todo caso resulta muy llamativo que no se aplique el IVA, tanto si se trata de ventas en tienda como de aprovisionamientos reales, dado que a partir de 2015 no atracaron en el puerto de Palma cruceros de itinerario no comunitario (los únicos exentos de IVA)».
Respecto a la concesión de la autorización de ocupación temporal, se calcula en la investigación que se debía a la necesidad de SGM Retail de mantener el Código de Actividad y Establecimiento (CAE) del duty free que le permitía a dicha compañía «adquirir productos que la mayoría no se vendían en la tienda» del puerto.
Doble condición
Con este propósito, Miguel Puigserver habría aprovechado su doble condición de vicepresidente de la APB y amigo personal de Juan Gual de Torrella «con el fin de que él emitiera una resolución en beneficio económico directo y exclusivo de la entidad SGM Retail S.L.», siempre de acuerdo a la opinión de la juez instructora.
En la reunión del mes de mayo de 2020 del Consejo de Administración de la APB, se acordó otorgar una autorización temporal. Apenas dos meses después, Juan Gual, junto a Puigserver y otros técnicos de la APB, fueron detenidos por la supuesta manipulación de varios concursos.
