El Govern trabaja en una nueva Ley de Urbanismo que se espera que sea aprobada en abril. El primer paso es un decreto ley de medidas urgentes, por solicitud de la Conselleria de Vivienda Territorio y Movilidad para contrarrestar la política urbanística de Francina Armengol, por medio de la vigente norma que rige desde 2017.
Cabe aclarar que la propuesta no será modificar la ley vigente o, por medio de decretos, establecer una nueva reglamentación. Precisamente, el Govern quiere redactar desde el inicio una nueva ley de urbanismo para dejar sin efecto la actual. Según Mallorcadiario, la Conselleria de Marta Vidal tiene la intención de que el decreto sea aprobado en Consell de Govern el próximo mes de abril.
Este decreto será el paso previo a la redacción de una nueva Ley de Urbanismo, pues se opta por elaborar una nueva legislación. Por el momento, este medio asegura que habrá modificaciones en los parámetros para construir en suelo rústico, en materia de legalización de construcciones fuera de ordenación cuya infracción haya prescrito, o si la superficie del Área Natural de Especial Interés (ANEI) se podrá volver a computar.
¿Qué es la Ley de Urbanismo?
En su última modificación, que data de diciembre del 2023, se establece que el objetivo de la Ley de Urbanismo es «establecer el régimen jurídico general regulador de la actividad administrativa en materia de urbanismo en las Islas Baleares, y definir el régimen jurídico-urbanístico de la propiedad del suelo de acuerdo con su función social«.
Para ello, la ley contribuye a «materializar un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio municipal; asumir y concretar los objetivos y principios establecidos en la Carta Europea de Ordenación del Territorial; conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje; proteger, de manera adecuada a su carácter, el medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o no idóneo para atender a las necesidades de transformación urbanística; levar a cabo la prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas; trabajar para la prevención y la minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo; subordinar los usos del suelo y de las construcciones y evitar la especulación del suelo y garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, una previsión de dotaciones y equipamientos urbanos adecuada y el acceso a una vivienda digna, entre otros objetivos.
