La Federación de la Pequeña y Medina Empresa de Ibiza y Formentera (PIMEEF) pide que se mantenga la propuesta de 30 días como plazo máximo de pago a proveedores desde la entrega de los productos, rechazando su flexibilidad, «como proponen algunos eurodiputados en contra de los intereses de las pequeñas y medianas empresas».
Este posicionamiento los alinea junto con Conpymes y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) de cara a la votación que se celebrará mañana en el Parlmento Europeo para que se incluyan o no en el Reglamento Europeo contra Morosidad diversas enmiendas que protejan más a las pymes.
La PIMEEF considera que la sustitución de una Directiva por un Reglamento europeo sería un «paso gigantesco para la lucha contra la morosidad». Por el contrario, algunos grupos parlamentarios argumentan que en dicho Reglamento europeo debe «prevalecer la libertad de pacto entre las partes en los períodos de pago».
«La experiencia ha demostrado que la libertad de pacto es únicamente beneficiosa para las grandes empresas, que pueden imponer a las pequeñas empresas plazos más largos a los previstos por la normativa, generando así enormes beneficios financieros, especialmente en periodos inflacionistas y de altos tipos de interés», refutan las medianas y pequeñas empresas de Ibiza y Formentera.
También aseguran que si se instaurara la libertad del pacto entre las partes, aumentarán los plazos de pago al haber muchísimos interesados en pagar tarde y que eso generará «un durísimo golpe a autónomos y microempresas de muchísimos sectores económicos» y «un paso atrás gigantesco en la lucha por la reducción de los plazos de pago».
