La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha mostrado su «indignación» y «asco» por el caso mascarillas Fake y niega que esté afectada por la corrupción en la compra de estos productos, sobre los cuales el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, habrían recibido comisiones para que la transacción por 3,7 millones de euros prospere.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso antes de entrar en la reunión de la Mesa de la Cámara Baja del martes, Armengol ha defendido la «legalidad» de todos los contratos de emergencia que firmó durante su mandato al frente del Govern y que los volvería a celebrar «una y mil veces» si se repitiera una situación de la misma índole.
«Fueron contratos de emergencia, pero legales y con los rigurosos controles del servicio de Salud. Todo el mundo pasaba nombres para poder valorar si tenían ese material, nosotros los pasábamos al servicio de Salud, este lo analizaba y contrataba. Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma«, ha detallado.
En este sentido, asegura que le da «asco pensar que alguien se podía lucrar de la compra de material sanitario en un momento en el que en España se estaban muriendo muchísimas personas», y ha definido el caso como «bochornoso». Como si eso fuera poco, también ha planteado que el anterior Govern podría ser una de las víctimas de los manejos de García y Ábalos: «En todo caso, nosotros seríamos afectados», recordando que el Gobierno balear abrió un expediente para reclamar 2,6 millones de euros a la empresa que les proporcionó las mascarillas cuando detectaron que no les habían servido exactamente las que habían solicitado.
Francina Armengol lo sabía
A pesar de su defensa, Armengol está muy involucrada en el caso de las mascarillas fake porque ella sabía de esta compra fraudulenta y no lo advirtió. El Mundo ha publicado detalles que develan como la compra se hizo verbalmente a una empresa sin experiencia en este tipo de intermediaciones y días después se fabricó el expediente.
Semanas después de recibir el material, el Govern comprobó que le habían dado gato por liebre y que había pagado unas mascarillas con mayor grado de protección que las entregadas. Aún así, no reclamó la diferencia hasta el día antes de la toma de posesión de Marga Prohens como presidenta de la Comunidad.
Para tomar una dimensión del daño económico que Armengol no denunció, la Conselleria de Salud del Govern balear informó que el precio mínimo en aquellas fechas era 0,340 euros por mascarilla quirúrgica y el precio máximo, 0,726 euros. El precio medio eran 0,424 euros por mascarilla, mientras que el Govern pagó las mascarillas teóricamente FFP2 a 2,50 euros la unidad.
