El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha aprobado en su pleno del jueves la aplicación de dos puntos del Decreto Ley 6/2023 de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Govern balear. De esta manera, buscan limitar los precios de las viviendas, que es uno de los grandes problemas que atraviesa Ibiza en materia social.
Una de las medidas es la del crecimiento en altura, en el que se propone que en edificaciones existentes que ya haya prescrito la acción de demolición, puedan acogerse a la posibilidad de incorporarse a la ordenación. La única condición es la de cumplir con los requisitos establecidos por el acuerdo y utilizar las plantas resultantes a viviendas de precio limitado.
La otra medida es referente a los suelos calificados como equipamientos que se pueden destinar a viviendas de precio limitado. El suelo público será de aplicación si el Ayuntamiento decide que es conveniente y el privado se ha limitado a que haya un informe previo municipal vinculante de convivencia justificada.
Cabe remarcar que la ASU Sa Serra de este municipio mantiene su condición de suelo urbano en la situación urbanística prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y no resulta afectada por la previsión contenida en el decreto ley 9/2000 de medidas urgentes de protección del territorio de las Islas Baleares.
Reglamento de Costas
Por otro lado, el pleno ha rechazado el comportamiento del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la tramitación del RD 668/2022, de 1 de agosto, de modificación del Reglamento de Costas, al considerar que ha vulnerado la ley procedimental y con esto el principio de transparencia al obviar el trámite de consulta previa.
También se ha instado al mismo ministerio a desistir de la aprobación de un nuevo Real Decreto para la modificación del Reglamento de Costas que aumente la arbitrariedad en la determinación de las delimitaciones y en los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público y atender las peticiones de la sociedad civil y las instituciones insulares y autonómicas realizadas antes de la aprobación de cualquier normativa.
