Desde que el 1 de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó el inicio del trámite a la consulta pública previa para modificar el Reglamento General de Costas, se han encendido las alarmas respecto a qué escenario se abre con el trámite que finaliza el 22 de marzo y cuya omisión fue el punto en el que se basó el Tribunal Supremo para tumbar el Real Decreto el pasado 8 de febrero.
El movimiento ha puesto en alerta a la Asociación de Afectados de la Delimitación de Costas de Formentera, la plataforma que logró anular el decreto tras presentar un recurso contencioso-administrativo.
«La consulta previa sobre el proyecto del Real Decreto por el que se modificaría el Reglamento no es sobre el mismo decreto. Al haber sido tumbado por el Tribunal Supremo, aunque fuese un error de forma, y ahora se realice la consulta previa que no se había hecho con el anterior, en teoría no puede volver a presentar el mismo pero estamos a la espera de ver que aprueba el Miteco», indica la presidenta de la Plataforma, María José Mayans.
Según La Verdad de Murcia, citando fuentes del Ministerio, la intención del Gobierno es aprobar prácticamente el mismo reglamento, sin novedades significativas sobre el anulado.
La versión oficial y el borrador a publicar
Lo reglamentario e informado hasta ahora es que el Gobierno ha iniciado un periodo de consulta a través del portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el fin de fomentar la participación pública antes del inicio de los trámites para la aprobación de un real decreto que modifica el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento General de Costas.
Esta consulta tiene como objetivo recabar la opinión de particulares, organizaciones y entidades interesadas sobre la propuesta en cuestión, de acuerdo con lo establecido en los artículos 133 de la Ley 39/2015 y 26 de la Ley 50/1997 y se solicita información sobre los problemas que se pretenden abordar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y posibles soluciones alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias.
En la misma publicación aclaran que «una vez redactado el borrador completo de la norma, se someterá a audiencia e información pública» y que el proceso en curso de consulta previa no reemplazará a ninguna audiencia ni información pública previa a la publicación definitiva de la normativa asociada a esta declaración. Por lo tanto, una nueva redacción indicaría la posibilidad de que se introduzcan cambios en la normativa.
Alegaciones y decepciones
La Plataforma de los afectados advierte que presentarán «las alegaciones al trámite previo a la consulta, que es abierto a todo el Estado nacional. Porque vamos a seguir luchando, porque no defendemos grandes empresas, ni campos de golf, no: aquí se defienden pequeñas parcelas amparadas por el derecho foral de Baleares».
Además refuerzan que «la hemos protegido nosotros sin construir en masa, lo poco que hay es completamente familiar, pequeño y legal, con todos los permisos pertinentes, de Capitanía Militar, del ayuntamiento de la época, etc. Estamos protegiendo nuestra naturaleza, que es nuestra forma de vida, nuestra cultura, al máximo».
Ante este panorama, Mayans confiesa también que «desde nuestra Plataforma estamos un poco decepcionados, ya que al tumbar el Real Decreto con todo lo malo que representa, el Gobierno del Estado Central no parece rectificar y vuelve a hacer algo que es dañino pero legal. A nosotros nos preocupa sobre todo, que ni se pongan en contacto con nosotros, ni nos escuchen. Somos una isla pequeña insignificante en el Estado español, la más pequeña, pero que hemos conseguido hacerles ver que algo que han hecho está mal, sobre todo cuando a nosotros nos afecta tanto».
