En rueda de prensa, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, arremetió contra los anteriores Gobiernos socialistas responsabilizándolos de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga al Ejecutivo regional a abonar 96 millones de euros a una empresa de Matthias Kühn. Prohens expresó su pesar por la decisión judicial, calificándola como «una mala noticia para los bolsillos de los ciudadanos de Baleares».
La sentencia del Tribunal Supremo ratifica la obligación del Gobierno balear de indemnizar con 96 millones de euros a una empresa de Kühn por terrenos de la urbanización Muleta II en Port de Sóller.
El conflicto legal se remonta a 2010, durante el mandato del socialista Francesc Antich, cuando se iniciaron las disputas judiciales sobre la clasificación de los terrenos. En 2013, bajo el gobierno de Armengol, se reclasificaron los terrenos como suelo rústico protegido, impidiendo su reincorporación como suelo urbano.
Ante esta situación, Prohens aprovechó la ocasión para criticar la gestión pasada de la izquierda en Baleares, argumentando que la sentencia refleja la «falta de diligencia» en el manejo de los fondos públicos. Además, señaló la reciente controversia conocida como la «trama Koldo» como un ejemplo adicional de malversación de fondos públicos en la región.
La presidenta instó al Partido Socialista (PSIB) a asumir la responsabilidad por la situación financiera actual y a pedir disculpas a los ciudadanos. Enfatizó que la suma de 100 millones de euros es significativa y que el PSIB debe rendir cuentas por su administración de los fondos públicos.
Finalmente, Prohens afirmó la necesidad de cumplir con la sentencia, pero también destacó la importancia de encontrar formas de realizar el pago sin afectar negativamente a los ciudadanos de las Islas ni comprometer inversiones e infraestructuras fundamentales.
