El Club Náutico de Ibiza ha presentado un nuevo escrito (Escrito CNI a APB) ante la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en el que insiste en pedir la exclusión del empresario Alberto Pedraza Jorde, administrador de hecho de su rival en el concurso puente pendiente de adjudicar, Puertos y Litorales Sostenibles, por su condena firme a 11 meses de prisión que le impuso el pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional por los delitos de falsedad en documento público y estafa procesal en grado de tentativa por una operación inmobiliaria en Polonia.
Para fundamentar la reiteración, el CNI ha presentado una nota jurídica (Nota jurídica CNI) que encargó al profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y abogado en ejercicio, Manuel Ollé Sesé.
Esta nota llega a diferentes conclusiones. Destaca que el delito de estafa procesal está bajo el paraguas del término genérico «fraude» al que se refiere la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) cuando fija las conductas que prohíben la contratación de determinadas empresas o personas.
Según esta interpretación, diferente a la expresada por la Abogacía del Estado ante la consulta de Autoridad Portuaria tras el primer escrito del club en este sentido, la condena sería incompatible con la adjudicación a Pedraza Jorde porque el artículo 71 de la LSCP prohíbe contratar a personas que hayan incurrido en «fraudes».
El fraude es una estafa
Según, Ollé Sesé el delito de fraude puede incluir el delito de estafa y de estafa procesal. Según esta interpretación, al ser un fraude la estafa procesal, cabría aplicarle la prohibición de contratar con el sector público.
Presión a la APB
El Club Náutico de Ibiza advierte a los miembros del Consejo de Administración de que debe evacuar consultas si tienen dudas. Por eso, pide que sea solicitada una consulta al Consejo de Estado, ya que la respuesta de la Abogacía del Estado en un correo electrónico «no contiene motivación de la conclusión» lo que impide «conocer el proceso lógico para alcanzar tal conclusión».
«El órgano de contratación puede y debe apreciar directamente la prohibición de contratación, cuya consecuencia, si estima que concurre alguna de las causas, sería, lógicamente, la prohibición de contratación para el ofertante en todo el sector público«, insiste el CNI según la tesis del profesor de Derecho Penal.
Advierte el Club Náutico que «la decisión y responsabilidad última de decidir si existe causa de prohibición corresponderá al órgano de contratación, en nuestro caso, a la Autoridad Portuaria de Baleares», a cuyos miembros del Consejo de Administración avisa de las consecuencias de otorgarle la licitación a Pedraza Jorde.
Y es que, «a juicio del CNI», dice la nota de prensa del club, no así la nota jurídica ni el texto presentado ante la APB, los miembros del Consejo de Administración «podrían incurrir en responsabilidad (se entiende que penal) si deciden tomarse el asunto a la ligera y no tienen en cuenta las consideraciones de la nota jurídica» y, por lo tanto, no excluyen a su rival.
Titularidad real
En cuanto a la titularidad real de Puertos y Litorales, desde el CNI señalan en el comunicado que «resulta desde luego sorprendente que la APB no realice actuación alguna dirigida a determinar la titularidad real de las empresas a las que otorga concesiones administrativas, con el solo argumento de que se trata de una actuación que no es normativamente exigible. Pero la sorpresa muta en estupor y escándalo cuando se trata de un concurso público para el otorgamiento de un título tan relevante como la explotación de las instalaciones del Club Náutico de Ibiza, y la única cabeza visible de la empresa competidora corresponde a una persona condenada por los delitos de estafa y falsedad. A todos los integrantes de este club, y a la sociedad en general, nos produce una legítima indignación que tal posibilidad pueda siquiera llegar a plantearse».
El Club Náutico de Ibiza «considera que en los tiempos actuales se hace más necesario que nunca que los contratos de la administración se rijan por los principios de la prudencia y la transparencia, especialmente en un caso donde lo que se pone en juego es un espacio público dedicado al fomento del deporte y la actividad social».
