El anuncio del Gobierno central de prorrogar los presupuestos generales del Estado de 2023 a 2024 trae consigo muchas consecuencias para Ibiza, ya que varias obras no podrán continuar ni comenzar debido a esta decisión.
A finales del año pasado, el Gobierno central había anunciado que provisionalmente iba a prorrogar el presupuesto de 2023 a 2024. Aunque se había comprometido a presentar un proyecto para actualizarlos, lo cierto es que ahora ha renunciado a hacerlo.
El adelanto electoral en Cataluña hizo que cambiara todo el panorama político, y por eso Pedro Sánchez ha decidido renunciar a presentar los PGE y enfocarse en negociarlos con el arco parlamentario para el año 2025.
La decisión del Gobierno central ha afectado considerablemente a la organización de las distintas comunidades. Las Islas Baleares no son la excepción, ya que la prórroga hace que el Govern pierda 619 millones de euros.
En diciembre, el Govern presentó su presupuesto para este 2024 y en él incluyó un total de 3.981 millones de euros, ya que había obtenido una promesa del Gobierno sobre los PGE.
Sin embargo, la prórroga del presupuesto genera un desfase de 619 millones de euros, por lo que el Govern ha pedido al Gobierno central que reconsidere la decisión, ya que afecta a los «ciudadanos».
Antoni Costa fue el encargado de dar este mensaje, asegurando que desde el Govern califican la decisión de lamentable e irresponsable y que «la prórroga sumiría a las comunidades en una situación muy grave de falta de liquidez».
Las consecuencias
Esta determinación del Gobierno central afecta gravemente a todas las islas, ya que muchas obras que estaban previstas para este año no se podrán llevar a cabo.
La situación en Ibiza y Formentera se agrava aún más, ya que el presupuesto asignado a las Pitiusas ha sido bajo en años anteriores y extenderlo durante este 2024 dejará muchas obras sin realizarse.
Una de las obras más afectadas por la prórroga del presupuesto es la de los juzgados de Ibiza. El Gobierno dispone del proyecto de la segunda fase pero no dispone de partida para licitar las obras que, si nadie los remedia, acumulará un año adicional de retraso.
Tampoco habrá partida para los cuarteles de la Guardia Civil de Sant Josep, Santa Eulària y Sant Joan, ni para financiar un nuevo convenio de carreteras ni tampoco para incluir el tan demandado aumento del plus de insularidad para los funcionarios estatales.
