El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, impulsada por el Partido Popular (PP). De esta manera, en el plazo máximo de seis meses, se deberá disolver la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el BOIB, la supresión del cargo de director, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan, que ha acudido a la sesión plenaria de la Cámara. Con esta medida, Baleares se convierte en la primera Comunidad Autónoma que elimina un organismo de estas características.
Más allá de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. De momento, será un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación.
La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.
En contra
El PSIB ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC) y ha acusado al PP de actuar «por venganza». También han acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, «de no soportar que se investigara la trama de Campos en la que podría estar implicada ella y sus familiares».
Por su parte, el portavoz Marc Pons, ha alertado de que la ley va más allá de la eliminación de la Oficina Anticorrupción y que suprime el régimen sancionador, incrementando la sensación de «impunidad total». Para el socialista, al eliminar las sanciones «da igual» falsear el registro de bienes y actividades.
A favor
Por su parte, el diputado del PP Mauricio Rovira ha defendido la proposición y criticado que el PSIB emplee «casos de corrupción de hace muchos años» para atacar a su partido y defender la vigencia de lo que ha llamado «oficina socialista de persecución de la oposición».
El popular ha asegurado que las declaraciones de bienes y actividades seguirán siendo «obligatorias y accesibles». Rovira también ha recordado, con ironía, que la Oficina «no fue especialmente brillante» en materia de prevención en relación al caso de las mascarillas fake. «Algunos no se asustaron mucho a la hora de cumplir órdenes para saltarse procedimientos, a la hora de realizar compras con empresas recomendadas por altos cargos, a la hora de olvidarse de reclamar por productos de mala e inferior calidad de lo comprado, para agilizar su pago a pesar de todo, para certificar que todo era correcto cuando no lo era, para intentar colárselo a la Unión Europea y olvidarse de devolver el producto y dejarlo caducar, para no reclamar el dinero pagado con tanta agilidad», ha señalado.
