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CRISIS EN FORMENTERA

El informe de un prestigioso catedrático propuesto por Alcaraz no admite dudas: el Consell ha de anular el concurso de los quioscos

No hay posibilidad de actualizar los pliegos a la situación económica actual tras el incremento de precios de los últimos dos años, lo que implica un excesivo riesgo de quiebra de los concesionarios que el Consell de Formentera tiene la obligación de evitar en base al interés general, razona Felio Bauzá: "El Consell de Formentera no tiene otra salida en Derecho que acordar la decisión de no adjudicar y desistir del procedimiento"
Chiringuito de Formentera
Chiringuito de Formentera.

El informe de Felio Bauzá Martorell, el prestigioso catedrático de la UIB a quien le encargó el Consell de Formentera un informe jurídico sobre la adjudicación de los lotes de quioscos o chiringuitos de playa de la isla pendientes, no admite dudas y es tajante: el Consell no tiene otra salida que anular el concurso y convocar uno nuevo. 

«El Consell de Formentera no tiene otra salida en Derecho que acordar la decisión de no adjudicar y desistir del procedimiento«, concluye tajante Bauzá Martorell en el punto cuatro de las conclusiones del dictamen que obra en poder de La Voz de Ibiza.

Felio José Bauzá Martorell es profesor titular de derecho administrativo de la Universidad de las Islas Baleares, acreditado para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, doctor en Derecho, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Instituto de España), académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares, vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, y autor de monografías y artículos especializados sobre derecho administrativo. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre la materia.

Dice el informe haber emitido su juicio, a través del encargo a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) «con total independencia de criterio, sin otra sujeción que a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico».

Se da la circunstancia de que fue el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, quien propuso que la elaboración del dictamen fuera encargada a Felio Bauzá antes de que estallara la crisis. El documento fue firmado el 14 de noviembre de 2023, 15 días antes del mensaje de Córdoba que desató la crisis.

El experto en derecho Administrativo desgrana a lo largo de las 22 páginas del informe la tramitación del proceso de adjudicación y la complejidad de la situación provocada por dos razones de enorme peso: el retraso de más de dos años en la adjudicación de los contratos y el alza de los precios provocado por la tensión inflacionista derivada de la invasión rusa de Ucrania. 

«El tiempo transcurrido (…) hace que la explotación de los servicios de temporada se sitúe en un escenario económico muy distinto a aquel que existía al momento de la preparación del contrato», detalla en el punto 3 de las conclusiones.

Elevado riesgo

Este cambio en el escenario económico supone un elevado riesgo de que las empresas adjudicatarias no puedan cumplir con sus obligaciones, lo que acabaría suponiendo un perjuicio para el Consell.

Para ello propone «desistir del procedimiento» de los lotes pendientes y preparar una indemnización que permita resarcir los gastos ocasionados a los ofertantes, previa preparación de una memoria motivada.

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Conclusiones del informe encargado por el Consell de Formentera.

Sin embargo, no ha sido suficiente la claridad y rotundidad con la que se ha expresado el catedrático para que Sa Unió respalde la propuesta del presidente no adscrito de la institución, Llorenç Córdoba, de declarar desierto el concurso.

De hecho, hasta en dos ocasiones los consellers de Sa Unió han rechazado apoyar la propuesta. Y, finalmente, hoy han decidido solicitar un pleno extraordinario para forzar a la oposición a posicionarse a favor de instar al presidente a actuar en sentido contrario al informe jurídico citado. En la exposición de motivos, llegan a calificar la propuesta de Córdoba de «temeraria».

Economía obsoleta

«La subida de precios afecta sobre manera a los contratos del sector público en la medida en que los contratistas deben asumir un coste que rompe la economía de la concesión y que va más allá del principio de riesgo y ventura», razona Felio Bauzá quien añade que «la economía de la concesión ha quedado obsoleta antes de la perfección del contrato».

No hay alternativa

Y ve alternativa el jurista y el concurso ha de ser declarado desierto sí o sí. No hay capacidad de modificar un contrato que no ha sido adjudicado.

«La conclusión de todo lo anterior es que la Administración contratante, el Consell de Formentera, se encuentra ante una situación de bloqueo jurídico: no puede alterar las condiciones del contrato como consecuencia de la evolución inflacionista de los precios (estaría beneficiando a los licitadores propuestos como adjudicatarios de una manera que no estaba prevista en los pliegos); pero tampoco puede imponer a los licitadores la excesiva onerosidad a que alude el Tribunal Supremo».

Riesgo de quiebra

«Es altamente probable que un contrato que nace con estas incidencias y dificultades, vea comprometida su ejecución. La experiencia -confirmada por la jurisprudencia- de las crisis económicas recientes ha dado lugar a quiebras de concesionarios y el posterior rescate de la Administración con el consiguiente inconveniente en la prestación del servicio», señala el informe jurídico en poder de La Voz de Ibiza.

Interés público

Evitar que quiebre una concesión y no se preste el servicio es una cuestión de interés público para el autor. «A mi modo de ver existe una causa de interés público en procurar que la ejecución de la licitación no se encuentre en riesgo».

«Esta causa es coherente con la resolución de dar continuidad a los servicios de instalaciones en playas, precisamente porque estos servicios constituyen en sí mismos una razón de interés general. Su existencia -en cuanto a dar servicios a los usuarios, y también contribuir a otras consideraciones de signo ambiental- constituyen razones suficientes de interés general que obligan a la Administración concedente a velar por la garantía de su ejecución y evitar el mantenimiento de unas condiciones gravosas», señala.

 

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