La Abogacía del Estado ha presentado un dictamen que avala la participación de la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PLS), en una decisión que tomaron a finales de febrero y que ahora ratificaron. De esta manera, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) someterá este próximo jueves a la consideración de su Consejo de Administración la adjudicación del concurso de las instalaciones del Club Náutico de Ibiza, a pesar de que el administrador del rival del CNI, Alberto Pedraza Jorde, fue condenado a 11 meses de prisión por un delito de estafa procesal y falsedad documental, dos condenas que le imposibilitan a participar de la licitación, según los fundamentos de la contraparte.
Precisamente, en la nota jurídica del profesor de Derecho Penal Manuel Ollé, aportada por el Club Náutico de Ibiza, sostiene que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe otorgar concesiones a personas que hayan sido condenadas por fraude o delitos de similares. Es por ello que el CNI ha pedido que los excluyan del concurso, algo que no ocurrió más allá del sostenido reclamo de la comunidad en que le otorguen la licitación.
El jueves, día clave
El día más importante de este concurso, finalmente, llegará el próximo jueves 18 de abril. En ese momento, la Autoridad Portuaria definirá a cuál de los dos aspirantes le concede la autorización de ocupación temporal de dos años, prorrogable a tres, sobre las instalaciones portuarias. Cabe recordar que el Club Náutico de Ibiza las gestiona hace 99 años y cumple con un rol social y deportivo trascendental para la ciudad.
En caso de que el Consejo de Administración de la APB decida otorgar la concesión a la empresa de Pedraza, el Náutico de Ibiza será el tercer club que pierde su puerto tras los casos del Club Marítimo de Mahón (1900) y del Club Marítimo Molinar de Levante (1917).
Según ha podido saber Gaceta Náutica, el abogado del Estado afirma que no hay motivos de excluir a la sociedad del empresario Pedraza del proceso de licitación porque el fallo de la resolución judicial de la Audiencia Nacional no incluye la inhabilitación expresa del condenado.
Sin embargo, justamente que no esté incluida su exclusión del concurso es por el pacto entre la defensa y la fiscalía que hallaron este «vacío» para sostener su participación, un punto sobre el que se apoya la APB para no descartarlos de la licitación y darles la posibilidad de concursar hasta último momento.
