Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera, se ha expresado luego de que el PSOE le haya reclamado para que exija una rectificación a este medio por publicar un cambio de criterio propuesto por la técnico de Medio Ambiente del Consell de Formentera, una vez conocidas las ofertas de los licitadores y que fue aceptado por la Mesa de Contratación en el concurso bajo sospecha de la adjudicación de los servicios de playa.
En un comunicado, Córdoba ha advertido que «investigará lo que haya que investigar en caso de que haya indicios de que se han cometido irregularidades en un proceso público o en cualquier actuación llevada a cabo por un funcionario o político del Consell». Además ha iniciado su escrito aclarando que «siempre ha defendido a los funcionarios de la casa y los defenderá».
Un actitud acomodaticia
“Es curioso y sorprendente que los socialistas, cuyo líder Rafa Ramírez no tuvo la semana pasada ningún reparo en descalificar públicamente el trabajo de una funcionaria de la casa que avalaba que se declarara desierto el concurso de los quioscos mientras reconocía que ni siquiera lo había leído, exija ahora que se defienda a los trabajadores de la institución”, expone el presidente.
Y añade: «Lo que pone de manifiesto que para los socialistas sólo se puede poner en duda la labor de los trabajadores “cuando es contraria a las decisiones que se tomaron cuando ellos gobernaron”.
Un informe de conclusiones claras
El presidente del Consell ha vuelto a poner de manifiesto que «sólo existe un informe de los servicios jurídicos de la casa en relación con la adjudicación de los quioscos, y sus conclusiones son más que claras: no se puede adjudicar a las empresas mejor valoradas y hay que declarar el concurso desierto».
Finalmente, advirtió que “todos los que piden que haga lo contrario a lo que dicen los informes no han aportado ni un informe que avale sus pretensiones ni ha explicado los motivos por los que se oponen a la decisión de los servicios jurídicos del Consell”, que a fin de cuentas son los que tienen que garantizar que las actuaciones que haga la administración estén dentro de la legalidad y no sean ni arbitrarias ni perjudiquen a las arcas de la institución.
