El Consejo de Administración de Autoridad Portuaria ha otorgado a Puertos y Litorales Sostenibles la concesión, a través de una Autorización de Ocupación Temporal (AOT) por tres años, de las instalaciones que históricamente ha venido explotando el Club Náutico Ibiza en los últimos 99 años. La decisión se ha tomado esta tarde en la sesión que ha dado comienzo a las 16 y tenía este tema como uno a tratar en la orden del día.
Quien se ha expresado luego de finalizada la sesión ha sido Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell de Ibiza y representante en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria: «Siempre respetando el criterio de la abogacía del Estado que ha invocado una resolución de la Junta consultiva en el año 2020, he mostrado mi disconformidad con parte del informe que justifica la no exclusión de uno de los licitadores», explica.
Según el representante por parte del Consell, el debate se ha centrado básicamente «en el significado que la ley de contratos establece cuando dice que tienen prohibido contratar con la administración pública a las personas condenadas por fraude y el criterio marcado por una consulta de la junta estatal en el que se establece que fraude solo se refiere a tres delitos muy concretos del Código Penal entre los que no estarían incluidos el delito cometido por uno de los licitadores y por lo tanto que no puede ser excluido».
Por ello Juan, que ha salvado su voto y ha votado contra la propuesta, advierte que entiende perfectamente la postura de la abogacía, la postura de los consejeros y de la presidencia y de la dirección de la autoridad portuaria que se ven vinculados por unas bases que se aprobaron en el año 2022 si no me falla la memoria y que establecen claramente cuáles son los criterios. Pero más allá de esta cuestión, visto que no comparto el criterio jurídico o parte de ese criterio jurídico que se ha expresado en el Consejo de Administración.
Un día que comenzó con denuncia
El contexto de la definición de la licitación incluía una nueva denuncia presentada por su rival Puertos y Litorales Sostenibles sobre la mesa, y que obra en poder de La Voz de Ibiza, después de que APB no haya excluido a Puertos y Litorales Sostenibles del concurso, tal y como ha pedido en dos ocasiones el CNI.
Carlos Illa Martínez, administrador de PyLS, había registrado durante el día de hoy una denuncia en la que reitera los argumentos que ya expuso en su momento sobre presuntas irregularidades en la gestión de la marina.
Por su parte el Club Náutico había pedido que excluyeran a su rival del concurso porque su administrador de facto, Alberto Pedraza Jorde, ha sido condenado por estafa, una calificación que, a su entender, no le permitiría participar de esta licitación.
Carlos Illa Martínez censura la «hiperactividad crítica» del director del Club Náutico, Vicente Canals, contra Puertos y Litorales Sostenibles y su falta de diligencia en la gestión del club.
En el escrito, denuncia el incumplimiento del «Reglamento de Régimen Interior aprobado por la Autoridad Portuaria de Baleares, en cuanto al uso, transmisión y destino de los amarres», «a la presencia de embarcaciones dedicadas al chárter náutico», y «al incumplimiento del tamaño máximo de las esloras» que superarían los 15 metros.
Oferta y auditoría
Illa Martínez defiende la calidad de su oferta frente a la presentada por la entidad casi centenaria. «La compañía que administro invierte en ingeniería, en I+D, y en técnicos y profesionales de primer nivel. De ahí la calidad de sus ofertas que le han hecho merecedora de ganar diversas concesiones portuarias en los últimos años; así como de haber quedado puntuada en primer lugar su oferta técnica en otras licitaciones, en las que finalmente no resultó adjudicataria por haber sido superada por otros licitadores en la oferta económica».
«Este es el funcionamiento normal y pacífico de las licitaciones. Lo que es anormal ejercer sobre la administración portuaria y los miembros de sus órganos colegiados presiones (que para ser benignos diremos que rayan con lo Penal) bien para que se desista de una licitación de la que se presume o se sabe que no se ha realizado una buena oferta; para excluir improcedentemente al competidor del que se presume que ha hecho una oferta mejor; o para postergar antijurídicamente la resolución del concurso», denuncia.
Por último, asegura que «sería conveniente la realización de una exhaustiva auditoria para verificar que se cumplen escrupulosamente las condiciones legales y reglamentarias de la transmisión de los amarres y la inexistencia de ánimo de lucro en su utilización» dentro del Club Náutico de Ibiza.
