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URBANISMO

Multas del 15 al 25% del valor total para legalizar edificaciones y obras en suelo rústico

En mayo se aprobará el decreto de simplificación administrativa que permitirá legalizar irregularidades prescritas
Vivienda Baleares
Viviendas de Baleares.

El decreto de simplificación administrativa, una promesa de campaña de la presidenta del Govern, Marga Prohens, se aprobará en mayo y legalizará las edificaciones y las obras en suelo rústico, cuyas infracciones ya han prescrito. Además de hacerse cargo del proyecto técnico para legalizar lo construido, con las tasas correspondientes en concepto de licencia de obras, también deberá abonar una multa equivalente al 15% del valor de lo edificado, siempre y cuando el proceso de legalización se haga durante el primero de los tres años de la entrada en vigor de la norma.

En caso de que el proceso se inicie en el segundo año, la multa asciende al 20% y será del 25% en caso de que se realice durante el tercer año de vigencia, en la misma línea de la Ley Company, en honor al anterior presidente del Partido Popular (PP) en Baleares, Gabriel Company, creador de la Ley 2/2014de Ordenación y Uso del Suelo

Esta norma que retomará Prohens suponía que las obras ejecutadas sin licencia en suelo rústico prescritas, es decir, sin haber hecho obras en los últimos ocho años, podrían reintegrarse en la legalidad pagando, de la misma manera que paga un promotor que desarrolla una urbanización paga o cede suelo como contrapartida u, obtiene una declaración de interés general, eufemismo de una recalificación.

Este decreto también incluye la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente para agilizar los trámites y los informes urbanísticos.

Efecto rebote

Desde el Govern esperan que este decreto tenga diferentes efectos positivos dentro de la sociedad y que genere mejoras en más de un sector. Por un lado, se aspira a que esto fomente al área de la construcción, la cual viene en caída por sus elevados costos.

Además, desean que con esta medida se generen más viviendas que son necesarias ante la crisis habitacional que atraviesa Baleares, además de dar empleo a arquitectos, ingenieros, constructores y otro tipo de personal indirecto. También los proyectos deberán pasar por los ayuntamientos, lo que los obligará a trabajar con rapidez para poder atender a todos dentro de los plazos establecidos.

 

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