El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha contraatacado después de recibir una solicitud de recusación en su contra y ha acusado a sa Unió de las recientes filtraciones a los medios de comunicación, que han afectado tanto la imagen institucional como la privacidad de algunos de los trabajadores del Consell y que han acabado sirviendo de argumentos a las siete empresas mejor puntuadas en ocho de los lotes de los chiringuitos de playa pendientes de adjudicar.
En una declaración pública facilitada por el servicio de prensa del Consell, Córdoba ha expresado su preocupación por las múltiples filtraciones de información, algunas de las cuales involucran asuntos legalmente protegidos, y que, a su entender, tienen como objetivo principal menoscabar su reputación y la de ciertos miembros del equipo del Consell, sin especificar cuáles.
Apunta a Alcaraz
El presidente ha destacado que, desde la destitución del ex-vicepresidente José Manuel Alcaraz –que presuntamente ya filtró una grabación privada entre ambos y conversaciones del chat del gobierno en el que anunció su renuncia la jefa de gabinete a los medios-, se han producido numerosas filtraciones de documentos internos del Consell, incluidos registros de entrada de los trabajadores al área de Recursos Humanos, asuntos administrativos, contratos no publicados en el portal de transparencia.
Además ha añadido que las filtraciones incluso han sucedido «con borradores de actas de junta de gobierno -sujetos legalmente a secreto- a algunos medios de comunicación, llegando incluso algunas personas a revelar su contenido de manera pública y de viva voz».
Se refiere en este caso al borrador del acta del 25 de marzo en la que se debatió por única vez la propuesta del presidente de declarar los lotes desiertos por el incumplimiento de la normativa laboral de todas las ofertas y cuyo contenido fue publicado por Diario de Ibiza, información que forma parte de los argumentos de la recusación.
Córdoba ha subrayado que, por las características de las filtraciones, principalmente dirigidas a menoscabar su imagen y la de ciertos trabajadores de la institución, parecen provenir de un círculo muy restringido de personas con acceso a la información reservada, lo cual incrementa la de por sí ya gravedad del asunto.
Directo a la Comisión de Ética
El presidente del Consell evalúa la posibilidad de llevar este tema ante la Comisión de Ética con el fin de que analice la situación y se tomen las medidas correspondientes para proteger la integridad de los trabajadores y funcionarios y preservar la confidencialidad de la institución.
Córdoba ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad en la gestión pública, y ha asegurado que tomará todas las acciones necesarias para esclarecer las filtraciones y garantizar que no se repitan en el futuro.
