El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que legalizar edificaciones en suelo rústico sin ordenación es «lo que piden los ciudadanos de Baleares y algunos alcaldes del PSOE«. Así lo ha expresado el martes de la semana pasada durante la presentación en el Parlament del decreto ley de Simplificación y Racionalización Administrativa que permitirá legalizar ordenaciones que hayan prescrito o que se encuentren en suelo rústico.
Costa ha asegurado que implementar esta medida es cumplir con el programa de gobierno del Partido Popular (PP). «Es un Govern previsible, que no engaña ni engañará nunca a los ciudadanos. Es la gran diferencia entre ustedes y nosotros, que ustedes engañan y montan espectáculos lamentables propios de un Gobierno populista», ha agregado el conseller en respuesta diputado socialista Marc Pons.
Se estima que hay unas 30.000 viviendas en Baleares en suelo rústico y el Govern propone legalizarlas bajo ciertas condiciones. El punto más destacado es pagar la sanción del 15 al 25% del total de la edificación más la obra en cuestión y sus gastos operativos en un plazo no mayor a tres años.
Además, deberán rehabilitarlas con medidas de eficiencia energética e hídrica y no podrán ser utilizadas como alquiler vacacional, aunque estarán habilitadas para la venta.
