En medio de la grave crisis de personal, crece el malestar entre los agentes de la Guardia Civil en Ibiza y Formentera debido a las diferencias salariales significativas entre los agentes destinados en la isla y aquellos que son enviados temporalmente desde otras partes del país.
Esta situación ha llevado a que el sindicato Jucil, Justicia para la Guardia Civil, exprese su preocupación por el impacto negativo en la moral y la motivación de los agentes locales.
Tomás Quesada, portavoz de la asociación sindical Jucil en Baleares, ha manifestado que el Gobierno central ha estado colocando «parches momentáneos» para solucionar los problemas de personal, otorgando dietas extraordinarias a agentes que son trasladados temporalmente a Ibiza y Formentera.
Según Quesada, esta medida ha exacerbado el malestar entre los agentes locales, quienes no reciben estas compensaciones adicionales.
Quesada señala que los agentes temporales están cobrando un extra de hasta «3.000 euros mensuales», una suma que no se invierte en los agentes destinados actualmente en la isla.
«Estamos trabajando codo con codo, haciendo el mismo trabajo en el mismo sitio, por unas retribuciones muy desiguales», comentó Quesada, subrayando la injusticia de esta situación.
La crisis en el servicio de Atestados, que se solventó ofertando comisiones de servicio a personal de fuera de la isla, es un ejemplo reciente de cómo se han manejado las carencias de personal.
«Este personal que viene en comisión de servicios recibe un plus por ese traslado fuera de su residencia, que no se invierte en los compañeros que están destinados actualmente a la isla», explicó Quesada.
De cara a la temporada de verano, se espera que la administración recurra nuevamente a esta estrategia, incrementando considerablemente la compensación diaria de las dietas para atraer refuerzos. «La gente había rechazado las comisiones de servicio para Baleares porque no les merecía la pena o no les es rentable debido al elevado costo de vida», agregó Quesada.
Respuesta del Gobierno
El portavoz de JUCIL también criticó la falta de actualización del plus de insularidad por parte del Estado, un problema que afecta no solo a la Guardia Civil, sino también a otros servicios públicos como sanidad, docencia y policía. «Hemos reclamado durante años esta actualización, pero el Gobierno central ha respondido con silencio», sentenció Quesada.
