Mare Nostrum, empresa ibicenca de prevención de riesgos laborales, ha solicitado al Govern balear y a la Inspección de Trabajo que aparten de forma inmediata de sus funciones a siete funcionarios de ambos departamentos que formaban las cúpulas de ambos organismos la pasada legislatura. Y que sean investigadas las prácticas mafiosas que ha acreditado a través de nuevas y abundantes pruebas.
De todo ello, también ha puesto en conocimiento al juzgado para que sea ampliada la investigación y se incorporen a la instrucción que ya estaba en marcha de las nuevas evidencias.
Entre los funcionarios y altos cargos que son implicados en la trama está Iago Negueruela en su doble condición de conseller de Trabajo la pasada legislatura y de inspector de Trabajo en excedencia quien no puede ser apartado de su puesto de trabajo al estar en excedencia y ejercer de portavoz del Grupo Socialista en el Parlament.
La empresa sostiene que durante el periodo en el que Negueruela estaba al frente de la Consellería de Trabajo operó en el Ibassal y en la Inspección de Trabajo una trama corrupta en la que la cúpula de Trabajo se habría lucrado a cambio de perjudicar a Mare Nostrum y beneficiar a una empresa competidora, Diconsal, y a la Fundación Laboral de la Construcción.
“De lo anterior se deduce que la administración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las Islas Baleares actúa por intereses completamente espurios, rayano en la delincuencia organizada como grupo criminal”, se indica en una de las denuncias.
Así al menos se evidencia en la documentación que obra en poder de La Voz de Ibiza y que forma parte de las denuncias presentadas ante el actual conseller, la Inspección de Trabajo y el juzgado.
Un caso con historial
El caso no es nuevo. Nuevas son las pruebas a las que Mare Nostrum ha accedido y que forman parte de las denuncias. La numerosa documentación obra en poder de La Voz de Ibiza y dibuja una trama de corrupción en la que hay sobornos, perjudicados y beneficiados.
Cabe destacar que en 2021, el juez Antoni Rotger Cifre del Juzgado de Instrucción nº 8 de Palma de Mallorca recibió una querella del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mare Nostrum S.L. contra varios funcionarios del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, incluyendo a Rubén Castro Ortega, Daniel Company Oliver y Silvia González Jurado, por la gestión irregular del expediente SPA 1/19.
Las acusaciones incluían la distracción, ocultación, eliminación y destrucción de documentos, así como violaciones de secretos y actividades prohibidas para funcionarios. La querella fue admitida a trámite el 31 de mayo de 2021 y se decretó el secreto de las actuaciones el 7 de julio de 2021. Sin embargo, el proceso judicial permaneció inactivo durante dieciocho meses, lo que llevó a la parte querellante a solicitar la recusación de Antoni Rotger Cifre por falta de objetividad e imparcialidad en la instrucción de la causa.
Casi tres años después, el 19 de mayo de 2024, Mare Nostrum registró la denuncia ante la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía del Gobierno Balear. En esta denuncia, se acusa a los funcionarios de manipulación y retraso intencionado en la tramitación del expediente, describiendo cómo estos habrían coordinado sus acciones para asegurar un resultado desfavorable para Mare Nostrum. La denuncia destaca que las acciones de los funcionarios favorecieron deliberadamente a Diconsal, perjudicando gravemente a Mare Nostrum.
Allí los denunciados son Daniel Company Oliver: Funcionario que presta servicios en el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) ocupando el puesto de Jefe de Servicio de Salud Laboral; Rubén Castro Ortega: Inspector de Trabajo y Seguridad Social, que ocupó el cargo de Director del IBASSAL hasta 2023; Yolanda Robledo Culebras: Directora Territorial en Baleares de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hasta mayo de 2020; José-Carlos Alvarez Toral: Director Territorial en Baleares de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desde mayo de 2020; Sara Dols Ochoa: Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en las Islas Baleares hasta junio de 2021 y Yago Negueruela Vázquez: Inspector de Trabajo y Seguridad Social, que ocupó el cargo de Consejero de Modelo Económico Turismo y Trabajo del Gobierno Balear y Presidente del IBASSAL hasta julio de 2023
El día siguiente Mare Nostrum presentó una denuncia ante la Oficina Nacional de Lucha Contra el Fraude del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En esta denuncia, se alegan actitudes contrarias a la probidad en la prestación de servicio público.
Allí la empresa solicita la incoación de expedientes disciplinarios y la suspensión inmediata de los funcionarios implicados, destacando cómo colaboraron en retrasar y manipular el expediente SPA 1/19. Se sostiene que estos funcionarios actuaron de manera concertada para obstaculizar la solicitud de acreditación de Mare Nostrum, favoreciendo a DICONSAL en el proceso.
Juzgado de Palma
Finalmente, el 27 de mayo de 2024, Mare Nostrum S.L. presentó una solicitud de reapertura de las Diligencias Previas ante el Juzgado de Instrucción nº 8 de Palma de Mallorca.
Esta acción se fundamenta en nuevas pruebas obtenidas, las cuales respaldan las acusaciones de manipulación y retraso deliberado en la tramitación del expediente.
En la solicitud, se destaca la necesidad de notificar inmediatamente a los querellados, Daniel Company Oliver, Rubén Castro Ortega y Silvia González Jurado, sobre la incoación de esta causa en su contra. Se solicita también que el proceso sea tramitado conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, incluyendo la práctica de nuevas diligencias para asegurar una investigación exhaustiva.
Además, se solicita que la causa se amplíe para incluir a otros implicados como Yago Negueruela Vázquez, José-Carlos Alvarez Toral, Sara Dols Ochoa y Yolanda Robledo Culebras, quienes habrían participado en la trama de manipulación del expediente. Estos funcionarios son acusados de formar parte de una red organizada para beneficiar a Diconsal, perjudicando deliberadamente a Mare Nostrum en el proceso de acreditación.
Respecto a la versión que podrían dar los implicados, hasta el momento La Voz de Ibiza ha intentado inicialmente tener el testimonio de Daniel Company, Ruben Castro y Negueruela, aunque no aún no ha sido posible obtener respuesta. Misma situación sucede con la Consellería de Empresa, Empleo y Energía, donde han recibido la consulta aunque aún no han emitido contestación.
