Los propietarios de Mallorca que tengan piscinas y casas fuera de ordenación en suelo rústico se podrán acoger dentro de unos días a la amnistía urbanística aprobada por el Govern mediante decreto y que este martes ratificará el Consell de Mallorca en un pleno extraordinario.
El PP y Vox, con el apoyo del PI, aprobarán las medidas con el rechazo del PSIB y Més. El sábado saldrá publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), por lo que empezará el plazo de tres años para acogerse a esta medida.
Las estimaciones indican que hay cerca de 30.000 construcciones afectadas. Los dueños que sí puedan beneficiarse deberán pagar una multa según su nivel de renta y el valor de la obra. Si consiguen legalizar la piscina, pasados cinco años, además, podrán alquilar la casa turísticamente.
La amnistía urbanística también moldea las exigencias para construir y permitirá que se hagan mansiones más grandes. Hasta ahora, solo se podía ocupar entre un 1 % y un 2 % de la parcela y el volumen máximo de todo lo construido era de 900 metros cúbicos. Esta limitación desaparece, lo que da la posibilidad a la construcción de mansiones en el campo de hasta 1.500 metros cúbicos y una ocupación del 3 % en Mallorca.
El pleno del Consell también prevé ratificar la media impulsada por el decreto del Govern que abre la posibilidad de que el suelo rústico acoja todo tipo de instalaciones «que contribuyan a la ordenación o al desarrollo rurales o resulten de ubicación necesaria o conveniente en suelo rústico», según comparte Última Hora.
En esta línea, el pleno también aprobará la posibilidad de autorizar aparcamientos en suelo rústico de manera temporal durante la temporada alta o en épocas de máxima ocupación y densidad turística. Los ayuntamientos podrán sacar a concurso al alquiler de terrenos junto a zonas de gran demanda turística y serán ellos los encargados de su gestión.
Más medidas
El paquete de medidas que se aprobarán este lunes incluye que no se podrá acoger a la amnistía construcciones levadas hace décadas que no figuran en los registros y edificaciones hechas de manera irregular, pero con un delito prescrito. También añaden el cambio normativo para que privatizar el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
