El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mare Nostrum S.L. ha presentado dos solicitudes ante el Juzgado de Instrucción nº 8 de Palma de Mallorca, en las que pide la reapertura de las diligencias previas nº 549-2021, el expediente que investiga presuntas irregularidades en la gestión y tramitación de su solicitud de acreditación como servicio de prevención ajeno e implica a Iago Negueruela, la cúpula de Trabajo y el Ibassal.
Estos documentos, fechados el 10 y 16 de junio de 2024, subrayan la urgencia de reabrir la investigación tras el descubrimiento de nuevos hechos que podrían invalidar la decisión de sobreseimiento provisional de la causa. Además, por estas horas se preparan nuevas presentaciones ante la falta de respuesta y el caso omiso a los escritos.
Riesgo de prescripción
Más allá de la admisión a trámite, la puesta en marcha resulta vital para el proceso judicial ya que existe el riesgo de prescripción y es una preocupación significativa en este caso para la parte querellante que ha subrayado que la dilación en la respuesta judicial y la falta de acción por parte del juez Antoni Rotger Cifre podrían llevar a que algunos delitos prescriban, dejando impunes las presuntas irregularidades.
Según los documentos presentados, la inacción del juez ha mantenido la causa inactiva durante 18 meses, mientras que el tiempo transcurre y la Ley establece que ciertos delitos tienen plazos de prescripción específicos: cinco años para los delitos menos graves, ocho años para los delitos graves, y diez años para los delitos más graves.
En el ámbito administrativo, las faltas muy graves tienen un plazo de prescripción de tres años y estos plazos se mencionan en el contexto de las denuncias presentadas, como la del 20 de mayo de 2024, que indica que las acciones de los involucrados se extendieron hasta fechas recientes (mediados de 2023, es decir hasta el cambio de administración) impidiendo que el plazo de prescripción se cumpla aún.
Petición de recusación
La prolongada demora en la instrucción del caso, la falta de respuesta a las solicitudes de diligencias y la negativa a proporcionar documentación relevante, como se detalla en los documentos del expediente SPA 1/19, aumentan el riesgo de que estos plazos se cumplan sin que se haya llevado a cabo una investigación adecuada y es por ello que en la última reapertura de diligencias se requiere que Antoni Rotger Cifre se abstenga de intervenir en el proceso, de modo que se evite la recusación formal.
La preocupación por la prescripción ha sido uno de los principales argumentos para, primero solicitar que el juez se abstenga de intervenir y después exigir una resolución inmediata. La parte querellante también ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la inacción y falta de objetividad del juez, algo que impide una investigación imparcial y efectiva, dando lugar así que los delitos queden sin castigo debido al vencimiento de los plazos legales.
La trama denunciada
El caso de Mare Nostrum contra el IBASSAL y la Inspección de Trabajo de Baleares denuncia una serie de presuntas irregularidades y malas prácticas en la tramitación de su expediente de acreditación como servicio de prevención ajeno.
Mare Nostrum ha señalado que funcionarios de ambas entidades habrían eliminado, destruido o ocultado documentos clave del expediente. También se acusa a estos funcionarios de haber retrasado deliberadamente la tramitación del expediente y de haber colaborado con terceros, como la empresa Diconsal, para obstaculizar la acreditación de Mare Nostrum.
Además, se presentan correos electrónicos que sugieren una posible trama de corrupción, en la que funcionarios del Ibassal y la Inspección de Trabajo habrían actuado en connivencia con otras entidades para favorecer intereses particulares a cambio de beneficios económicos.
Estas denuncias incluyen la manipulación de documentos y la coordinación de acciones para impedir que Mare Nostrum obtuviera la acreditación necesaria para operar legalmente. La empresa argumenta que estas prácticas no solo han perjudicado su capacidad operativa, sino que también socavan la integridad del sistema administrativo y judicial en Baleares.
Los implicados en estas denuncias son Iago Negueruela Vázquez, exconseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear y actualmente diputado en el Parlamento Balear donde es el portavoz del Grupo Socialista; Daniel Company Oliver, jefe del Servicio de Salud Laboral del IBASSAL; Rubén Castro Ortega, exdirector del IBASSAL; Silvia González Jurado, encargada del registro y notificaciones en el IBASSAL; Yolanda Robledo Culebras, exdirectora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Baleares; José-Carlos Álvarez Toral, actual director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Baleares; y Sara Dols Ochoa, inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Todos ellos están acusados de colaborar en un esquema de corrupción que habría favorecido a la empresa Diconsal y, perjudicado a Mare Nostrum.
La última insistencia en la Justicia
En la solicitud del 16 de junio de 2024, Mare Nostrum critica duramente la inacción del juez Antoni Rotger Cifre y la Letrada de la Administración de Justicia, Margarita Bosch Lozano.
Según Mare Nostrum, Bosch Lozano no trasladó oportunamente las peticiones al juez, incumpliendo el artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta omisión, argumentan, ha permitido que el juez permanezca inactivo, ignorando las solicitudes de reapertura presentadas el 27 de mayo y el 10 de junio de 2024.
Mare Nostrum acusa al juez Rotger Cifre de incumplir sus deberes judiciales al no responder a las solicitudes presentadas. Señalan que el juez ha mantenido las actuaciones inactivas durante 18 meses y posteriormente no ha dado respuesta a ninguna de las peticiones formuladas, optando por el sobreseimiento provisional tras cuatro meses desde el alzamiento del secreto de las actuaciones.
La petición también menciona que el levantamiento del secreto de las actuaciones en enero de 2023 se basó en un informe de un cabo de la Guardia Civil, sin refrendo del coronel jefe de la Policía Judicial de Palma. Mare Nostrum argumenta que este informe no debería haber sido suficiente para tal decisión.
En ambos documentos, Mare Nostrum advierte que la dilación en la toma de decisiones por parte del juez podría llevar a la prescripción de algunos delitos. Insisten en que el artículo 204 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que el juez dicte una resolución inmediata una vez dada cuenta de lo solicitado.
Además, recalcan la necesidad de que el juez responda sin recurrir a más informes ni declarar secreto de actuaciones, cumpliendo con su obligación de dictar resolución sobre las solicitudes presentadas.
Primera acusación de procrastinación
La solicitud del 10 de junio de 2024 refuerza las acusaciones contra la letrada de la Administración de Justicia por no poner en conocimiento del juez las peticiones escritas, permitiendo así la procrastinación de la decisión que debe adoptar el juez. Mare Nostrum insiste en que la letrada debe cumplir con su cometido y dar cuenta al juez de las peticiones, documentando y notificando sus acciones a las partes involucradas.
En calidad de nuevos documentos, Mare Nostrum adjunta a la solicitud un convenio pactado por Iago Negueruela Vázquez, en su condición de Presidente del Ibassal, con la Fundación Laboral de la Construcción, sugiriendo posibles irregularidades en la gestión de este convenio.
Las presentaciones realizadas por Mare Nostrum no solo buscan la reapertura de las diligencias, sino también destacar las deficiencias en el proceso judicial y administrativo que, según ellos, han obstaculizado la justicia.
Esta situación, argumentan, no solo perjudica a su entidad sino que también socava la confianza en el sistema judicial y administrativo. Con estas acciones, Mare Nostrum lanza una nueva acusación, instando al juez y a la letrada de la Administración de Justicia a cumplir con sus obligaciones legales y procesales para asegurar que la justicia prevalezca.
