La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha sufrido una pérdida económica de más de siete millones de euros debido a la concesión otorgada al Club Náutico Ibiza (CNI), según se desprende del auto de la jueza de instrucción Martina Mora al que tuvo acceso La Voz de Ibiza, en el marco de la investigación judicial del Caso Puertos.
Esta investigación de tres años ha dejado al descubierto múltiples irregularidades en la que están involucrados el ex alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, y las cúpulas de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y del Club Náutico Ibiza, a partir de una trama de acuerdos para favorecer deliberadamente los planes de renovación de concesiones de las instalaciones del puerto de Ibiza a favor del CNI. Esto incluyó procesos sospechosos, ocultación y manipulación de información en la publicación del Boletín Oficial y establecimientos de criterios a medida del CNI.
La jueza destaca que, a pesar de conocer las ofertas más beneficiosas presentadas por otras entidades, los funcionarios implicados optaron por la oferta del CNI, que únicamente proponía el pago de las tasas mínimas.
Las ofertas competidoras, como las del Club Deportivo Básico Doce Millas (Cdbdm) y la entidad Portocolom, ofrecían mejoras significativas en las tasas. El Cdbdm proponía una tasa de actividad adicional de entre 265.000 y 448.000 euros, mientras que Portocolom implicaba ingresos extra anuales de alrededor de 300.000 euros.
A pesar de estas propuestas más ventajosas, se eligió la del CNI, lo que, según la jueza, supuso un fraude para las arcas públicas de al menos 7,6 millones de euros, una cifra que podría ascender a 12,9 millones.
Fraude
Además del entramado de favores, la oferta del CNI “suponía un perjuicio o fraude económico para la Administración (en este caso la APB)”, ha manifestado la juez en el auto al que tuvo acceso La Voz de Ibiza.
Así consta en las ofertas presentadas por los tres concurrentes “y parcialmente reflejado en el informe de la comisión técnica”. La oferta del CNI no incluía ninguna mejora de tasa a favor de la APB sino sólo el pago de las tasas mínimas de ocupación y de actividad legalmente exigibles. En cambio, la oferta del CDBDM incluía una mejora de tasa de actividad por importe de entre 265.000 y 448.000 euros al año y la oferta de PORTOCOLOM un importe aproximado de 300.000 euros al año, según el informe de la comisión técnica.
“Esta circunstancia era conocida por los investigados, tanto por Juan Carlos Plaza Plaza, Jorge Martín Jiménez y Fernando Berenguer Reula por haber analizado personalmente las tres ofertas, como por Gual y Ripoll porque así constaba en el informe de la comisión técnica expresamente mencionado”, plantea.
Por tanto, la elección de la oferta del CNI suponía “un fraude para las arcas públicas de un mínimo de 7.685.000 euros para todo el período concesional. Por otro lado, de las diligencias practicadas se desprende que, a pesar de lo que se argumentaba en la propuesta del Director (en su propuesta al Consejo de Administración para la aprobación de la priorización de criterios fechada el 3 de abril de 2006), el importe de la tasa a la que la APB estaba renunciando no se invertía en actividades deportivas o culturales (basta ver las cantidades recogidas en la MEEF) ni mucho menos en la llamada náutica social pues las tarifas que proponía el CNI no eran realmente inferiores a las de otro licitador”, figura en el auto.
De esta forma, para la jueza los funcionarios públicos investigados, “ya sea concertadamente con el CNI (pues supervisaron y dieron el visto bueno a su oferta) ya sea haciendo uso de otros artificios, aceptaban al elegir la oferta del CNI un fraude para las arcas de la APB por importe de más de siete millones de euros sin contrapartida social equiparable”.
