Mientras intenta defenderse en el Congreso y en el Parlament balear por la investigación del caso Koldo por contratos que firmó en 2020 el Gobierno balear que entonces presidía, Francina Armengol también se ve salpicada por los detalles que se han difundido en el caso puertos y la maraña de beneficios ilegales a favor del Club Náutico Ibiza.
Según consta en el auto al que tuvo acceso La Voz de Ibiza, la jueza Martina Mora deja constancia que Joan Gual de Torrella Guasp fue designado como presidente de la Autoridad Portuaria a propuesta de la presidenta del Govern en julio de 2015. “Las cuestiones que afectaban a la continuidad del CNI eran tratadas expresamente con la entonces presidenta del Govern”, según consta en el auto.
Armengol ya había mostrado “su compromiso con la continuidad del club” en una celebración realizada por el CNI el 6 de febrero de 2016 por el acto de conmemoración de su 90 aniversario y del que participó la entonces presidenta del Govern.
Aquel día, Armengol contentó a las 300 personas que asistieron al acto al comprometerse a «dejarse la piel para que cada año podamos asistir al aniversario de este club náutico y que hagamos al menos 90 años más».
Por si había alguna duda de la implicación de Armengol en el amaño, el presidente del Club Náutico de Ibiza, Juan Marí, también encausado, la ratificó al señalar que «todos los políticos nos han dicho que confiemos en la presidenta, que desde la máxima legalidad apoyará al club».
En tal sentido, el 26 de marzo de 2018, Gual envía un mensaje tanto a Armengol como a Ruiz indicando que la sentencia del 15 de marzo del TSJIB que anulaba el criterio de “arraigo” en la “competencia de proyectos” iba a ser subsanado: “Lo arreglaremos en el próximo CA (Consejo de Administración)”, les dijo Gual a ambos.
Para la jueza, ha quedado acreditado que “Gual supervisaba todos los trámites que afectaban al procedimiento instado por el CNI y que informaba a quien le había designado de las cuestiones más importantes que afectaban al CNI”, es decir, a Francina Armengol.
Al mensaje intervenido, se le suman las “anotaciones de agenda en los que se comprueba que Gual de Torrella informaba a la presidenta de las decisiones que afectaban a la continuidad del CNI, en especial, cuando se produce la segunda adjudicación”.
Por votos
Para la jueza que lleva adelante la investigación, todo ello “acredita la existencia de un interés político claro y persistente en el tiempo, interés que es relevante penalmente pues se refiere a beneficiar a un particular y no a una cuestión de interés general como pueda ser una fachada marítima o la conexión puerto-ciudad o cualquier otra cuestión de interés general para la isla de Ibiza. El elevado número de socios locales del CNI (casi mil en el año 2015) puede ser muy representativo dentro de la circunscripción electoral de Eivissa ciudad y de Eivissa isla (en la que suelen votar unos 16.000 y 45.000 electores respectivamente). El cargo de presidente de la APB es un cargo de designación política”.
