Tres exaltos cargos del PSOE han contratado nueve plazas de aparcamiento «no autorizadas» y ahora el Consell de Mallorca debe celebrar un pleno extraordinario, el 11 de julio, para aprobar el pago de la deuda por 43.000 euros que han contraído Andreu Serra, Jaume Alzamora y Francesc Ramis con la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP).
En caso de que los exconsellers insulares y el exsecretario técnico de Cultura no abonen la cantidad reclamada, el actual equipo de gobierno insular lo pondrá en manos de la Abogacía del Consell. Desde el Consell han concretado que esta situación se deriva de la contratación de unas plazas de aparcamiento que formalizaron Ramis, Serra y Alzamora entre 2018 y 2021, pero al no contar con los informes favorables de Intervención no se abonaban las facturas y ahora el Ayuntamiento de Palma, a través de la SMAP, ha solicitado las diferentes deudas que acumularon: casi 14.000 euros en el departamento de Ramis, cerca 12.000 en el de Alzamora y casi 18.000, en el de Serra.
El representante del Consell ha aseverado, según MallorcaDiario, que estas personas utilizaron a la institución insular «en beneficio propio» y «no cumplieron la Ley de Contratación Pública», porque los servicios de Intervención no autorizaron esta operación, ya que contaban con un informe desfavorable de los departamentos a los que pertenecían los consellers (Turismo en el caso de Serra y Promoción Económica para Alzamora).
Por estos motivos, ha avanzado que el Consell está obligado a pagar este gasto que ahora reclama la SMTP, pero que tampoco permitirán el uso fraudulento del dinero de los mallorquines. Es por ello que la institución que preside Llorenç Galmés se hará cargo de la deuda y luego les cobrará a los exaltos cargos del PSOE.
A su vez, se la ha solicitado a la expresidenta del Consell Catalina Cladera que les «exija el pago inmediato de la deuda», ya que como «máxima responsable, no debería haber permitido esta mala praxis». Asimismo, ha resaltado que los responsables intentaron pagarlo un mes antes de las elecciones, pero no se atrevieron porque «iba a ser un escándalo».
Cambios del 2019
En 2019 se produjo un cambio de normativa que impide que el Consell asuma este tipo de gastos de sus altos cargos y lo deba abonar cada trabajador de la entidad. De esta manera, Serra, Alzamora y Ramis sabían que sus contrataciones corrían por sus propias cuentas y que deben asumir los gastos que le han ocasionado al Consell de Mallorca.
