Los controles policiales tienen un objetivo: cazar a los infractores, ya sea por exceso de velocidad o conduciendo alcoholizados o drogados o las dos cosas. Hoy las autoridades deben lidiar con otra cuestión: la información que circula en forma electrónica como reguero de pólvora.
En Ibiza no funciona Waze, la aplicación que compró Google en 2013 para reforzar el liderazgo de Google Maps y a la que se conectan los conductores para enviar y recibir información de atascos, densidad de tráfico y, sobre todo, controles policiales. La capacidad para ofrecer la mejor ruta en función del tráfico es asombrosa e imbatible.
Tal es su eficacia que estos son levantados en cuestión de minutos por su ineficacia o bien son ubicados en lugares donde hay poca escapatoria.
En Ibiza, grupos altruistas de las aplicaciones de mensajería hacen dicha función, aunque de forma mucho más rudimentaria.
Los grupos para alertar a los conductores de los lugares donde la Policía o la Guardia Civil se encuentran realizando retenes se expanden por Whatsapp y Telegram. Ambos funcionan de forma similar, proporcionando información en tiempo real sobre la ubicación de controles de tráfico, alcoholemia, drogas y otros dispositivos de vigilancia.
Ibiza no escapa a lo que sucede en diferentes partes de España, donde estos grupos son populares y, además, efectivos. Y la aplicación más utilizada es Telegram, mucho más sensible a la protección de la información de los usuarios.
El denominado Anonymous Group, que se define como un “grupo de incidencias de carreteras”, tiene más de 47.000 miembros en Ibiza y reglas bien claras: no se pregunta, no se comenta, no se insulta, ni se pueden compartir fotos de la fuerza de seguridad o de matrículas.
Cada día, los propios usuarios comparten centenares de mensajes informando de la ubicación de la presencia policial en cualquier ubicación.
Así, La Voz de Ibiza ha comprobado esta semana cómo un usuario avisa de que la Guardia Civil (GC) se encuentra en la rotonda Sa Casita antes de Sant Antoni. Otro agrega que también está en Can Tomas y avisa que “paran alcohol y drogas”.
“Guardia Civil parando a todo el mundo en rotonda Benimisa San Antonio”, escribía otro miembro. Y uno sumaba que también estaban en “ronda Ignacio Walis dirección Amnesia”. Un rato después, avisaban que ese último control se había levantado con el simple mensaje de “libre”.
También avisaban que había Policía Local “escondidos parando en el atajo de Simón par Santa Eulària”. El grupo sirve además para advertir de accidentes, demoras o perros sueltos.
Preocupación de las autoridades
La Guardia Civil y otras fuerzas de seguridad han expresado su preocupación por estos grupos, ya que dificultan su labor.
La difusión de la ubicación de los controles no solo afecta la seguridad vial al permitir que infractores evadan las sanciones, sino que también puede ayudar a delincuentes a escapar.
Actualmente, existen «vacíos legales» que complican la imposición de sanciones a los administradores y miembros de estos grupos. Sin embargo, ya se han impuesto multas en algunos casos. Por ejemplo, la Dirección General de Tráfico (DGT) está estudiando medidas jurídicas para prohibir y sancionar estas prácticas, con el objetivo de proteger la seguridad vial y apoyar el trabajo de las fuerzas del orden, aunque por ahora no se contempla esta petición en la Ley de Tráfico.
Primeras sanciones
De todas formas, la DGT ha aplicado las dos primeras sanciones por este tipo de situaciones. Ambas han ocurrido en Galicia: una dirigida a una aplicación desarrollada específicamente para avisar de los controles y la otra contra el administrador de un grupo de Whatsapp con más de 15.000 usuarios.
Para esto, la Guardia Civil de Tráfico ha utilizado el artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que considera como una infracción grave el uso de imágenes o datos que comprometan una operación policial.
“El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”, establece la ley. La multa oscila entre los 600 y 3.000 euros.
