Este viernes, a partir de las 10.00 horas, comparecerá Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el juez instructor Juan Carlos Peinado, que la está investigando por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La decana de Madrid accede a que acuda al juzgado por el garaje para prevenir incidentes de seguridad
Objeto de varios recursos ha sido esta citación por la defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, y por la Fiscalía. Ambos consideraban que, tras la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la parte de la causa relacionada con las asignaciones de Red.es a una empresa del empresario Juan Carlos Barrabés –que tenía apoyo de Gómez–, el juez debería precisar qué aspectos mantenían vigente la investigación.
Esta semana, en un comunicado, Peinado contestó a esas interrogantes indicando que está investigando «todos los hechos, actitudes y conductas» realizados por Begoña Gómez «desde que su esposo asumió como presidente del Gobierno que se encuentran documentados en la denuncia inicial» presentada por el sindicato Manos Limpias, acerca de sus supuestos lazos con Barrabés y los contratos con éste que no han sido remitidos a la Fiscalía Europea.
No proporcionaba el juez detalles adicionales sobre aquellos acuerdos mencionados en su escrito, pero añadía asimismo que se debían considerar los eventos incluidos en la denuncia presentada posteriormente por ‘Hazte Oír’ –aunque tampoco los especificaba–.
Asimismo, en su último escrito, Peinado señalaba que no estaba obligado a informar a la defensa previamente a su interrogatorio como investigada. Este viernes, Begoña Gómez tendrá la opción de hacer uso de su derecho a guardar silencio, responder solamente a las preguntas de su abogado o contestar al juez y al resto de partes del proceso; es decir, la Fiscalía y la acusación popular liderada por Vox en nombre también de Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España, Iustitia Europa.
Accedió el juez a que en el interrogatorio estén presentes todas las acusaciones populares, pero ha reiterado que Vox será la única que podrá intervenir. Se prevé que después de la declaración de Gómez testificará el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a las 13.00 horas.
Manos Limpias
Independientemente de lo que suceda, es obvio que sobre la mesa del juez pueden encontrarse hasta tres documentos que traten sobre la figura y actividades potenciales de la esposa de Pedro Sánchez: la denuncia convertida en querella por parte de Manos Limpias, la querella de Hazte Oír, que ha sido ampliada, y una tercera querella de Vox, cuya jurisdicción aún se desconoce si ha sido asignada a otro juzgado distinto al suyo.
En la acusación que generó la apertura del caso, Manos Limpias, el sindicato liderado por Miguel Bernad, señalaba a Gómez por operar «abusando de su posición personal» como cónyuge del presidente del Gobierno: «Ha estado sugiriendo o respaldando por medio de cartas con su firma a empresarios que concurrían a concursos públicos».
Se afirmaba desde el gremio que uno de los dueños «beneficiados por esas indicaciones o respaldos» de Gómez es Barrabés, y que a él se le otorgaron contratos públicos por un valor de 10 millones de euros.
«Además, este empresario creó el Máster de Transformación Social Competitiva de la acusada», mencionaba la denuncia, la cual agregaba que la cátedra de Begoña Gómez contrató como profesor asociado a ese dueño también.
Se resaltaba, además, que Víctor de Aldama, sujeto de una investigación de la Audiencia Nacional por su posible papel como intermediario en el caso Koldo, se desempeñó como enlace de Begoña Gómez en Globalia y obtuvo 6,67 millones de beneficio previo a las negociaciones sobre «la salvación (…) de la empresa».
Además, Air Europa «acordó abonar 40.000 euros anuales al África Center de la acusada» y en el convenio entre Globalia y el Instituto de Empresa se incluía la concesión de 15.000 euros cada año en billetes business para Begoña Gómez y su equipo.
Globalia
El día 29 de mayo, mientras la Audiencia Provincial de Madrid respaldaba la pesquisa del juez –aunque limitaba su enfoque a los acuerdos gubernamentales involucrados en el caso Barrabés–, la organización Hazte Oír ponía sobre la mesa una denuncia adicional contra Gómez.
Se le imputa a la esposa del presidente de la asociación un supuesto acto de tráfico de influencias al afirmar que «las compañías que de cierta manera han estado conectadas o asociadas» con Gómez desde que Sánchez asumió la presidencia del Gobierno «han incrementado sus ingresos, algunas casi en un 4.000%».
Destaca Hazte Oír que Gómez «ha asistido a diversos coloquios e encuentros corporativos, a veces en compañía de altos funcionarios gubernamentales», y ha «efectuado desplazamientos oficiales acompañando a su pareja a destinos donde ella tenía sus propios compromisos laborales/profesionales/comerciales».
El enfoque de la asociación en su publicación se centra en un «contrato de adjudicación directa del Gobierno de Sánchez a Inmark Europa, de la cual Begoña Gómez es accionista«.
Se resalta también la «vinculación» de la investigada con el Grupo Globalia y los rescates del Ejecutivo a varias empresas del Grupo. Además, se mencionan «las reuniones» en las que «se muestra como la esposa del presidente».
La Complutense
De igual forma, se señala por parte de Hazte Oír que la Universidad Complutense de Madrid «encargó la creación de un sitio web para recolectar información de posibles clientes bajo el nombre Transforma TSC», de la cual Gómez es la única administradora, conforme a la denuncia presentada.
Vox, por su parte, presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.
Gómez, según la instrucción, habría aprovechado su posición como esposa del jefe del Ejecutivo y su privilegiada situación en la UCM para crear un programa informático para negocios utilizando fondos públicos. Sin embargo, las compañías Telefónica, Google e Indra (en la cual la SEPI tiene una participación del 28%) rechazaron seguir con el proyecto de software de la acusada.
Además menciona que la cónyuge del líder del Ejecutivo, después de obtener la debida inscripción de la marca, «empleó el procedimiento de contratación de la UCM para obtener los fondos restantes con el objetivo de completar dicho programa».
Señalan en Vox que «hay evidencias» que respaldan «la posible inadecuación a la normativa en la formación y progreso de la cátedra en cuestión» y «el uso de dicha cátedra con fines sospechosos particulares».
Según el partido, desde la universidad, «y por ende utilizando recursos estatales», se «ha sacado partido de las conexiones, exposición e intervenciones desde una instancia oficial como la Universidad Complutense para promover de manera oculta la actividad comercial, encubierta y propia de la empresa demandada».
