La situación accionarial de Javier Serra, expuesta por La Voz de Ibiza y denunciada como incompatibilidad por el presidente del Consell Llorenç Córdoba, tuvo un episodio de reconocimiento por parte del propio presidente de Compomís en los micrófonos de Radio Illa a fines de junio, puntualmente sobre su irregular situación ahora estudiada por el secretario de la administración, Ángel Custodio Navarro.
La situación del conseller Javier Serra, puesta en análisis por el Consell de Formentera, es debido al incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades al poseer el 22,40% de la empresa Marina de Formentera, superando el límite permitido del 10% para empresas como la suya, ya que Marina de Formentera tiene un contrato vigente con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Esta posible infracción podría invalidar todos sus actos y decisiones durante los últimos 12 meses.
También es parte de la interpretación los casos donde las concesiones, contrataciones o similares estén asociadas a Marina de Formentera y si cabe sumar estos casos a la incompatibilidad, debido a que se violaría el espíritu de la normativa que establece la incompatibilidad. Así, el secretario del Consell está elaborando un informe para determinar las implicaciones legales y administrativas de esta situación.
De esta manera, se genera una derivada más en la crisis de Formentera, un conflicto que en las últimas horas tiene la petición del PSOE a Compromís de romper con el PP y enterrar Sa Unió para pactar la moción de censura contra Córdoba.
Serra, sin información
En uno de los pasajes de la entrevista, Serra, en ese momento vicepresidente segundo y conseller de Territorio y Infraestructuras, acudió a un supuesto desconocimiento respecto a la actualidad de Marina de Formentera ante la pregunta de los intereses que podría tener en la isla.
«Si te dijera que sí o que no te mentiría, ahora mismo no estoy 100% seguro. (…) Ahora estoy pensando si le queda algo más, pero no estoy 100% seguro. No sé si le queda un alquiler en un edificio de allí (haciendo referencia a Marina de Formentera) de un local, pero no estoy 100% seguro, imagínate, porque no formo parte ni del Consejo de Administración ni de la propia sociedad desde hace que me dedico a la política», declaró.
Lo llamativo es que Marina de Formentera, S.A. ostenta la autorización para la explotación de locales y despachos en el Edificio B del puerto de la Savina. La concesión abarca un local de 207,55 m² en planta baja y 492,82 m² en planta alta, destinados a oficinas para empresas vinculadas al tráfico marítimo. La misma comenzó en 2010 y tiene una duración de la concesión de 14 años y con un presupuesto base de 24.262 euros y tasas anuales totalizando 43.000 euros.
Nadie le ha dicho nada
Más allá de que lo establece una ley, el conseller se escudó: «Todavía nadie me ha dicho ‘eres incompatible con esto de aquí'», y agregó que siempre ha tenido la precaución de abstenerse de votar en el Ayuntamiento o en el pleno sobre temas que pudieran afectar a su empresa. «Siempre he sido muy respetuoso con estas cosas», afirmó y advirtió que lo hace esperando poder cumplir con las normativas y seguir trabajando sin problemas.
Serra aclaró que «Marina de Formentera no está vinculada a nada de los quioscos ni a ninguna otra actividad», y afirmó que su relación con esta sociedad «está inscrita ante la oficina anticorrupción», cumpliendo con la obligación de declarar bienes públicamente. Sin embargo, reconoció que «existen limitaciones cuando estas empresas tienen contratos con administraciones» y que, debido a razones societarias, aún no ha podido desvincularse completamente.
Por otro lado aseguró que ha evitado votar en asuntos que puedan afectar a la empresa y que espera «reducir su participación en la sociedad al 0% para cumplir con las normativas».
Finalmente, el presidente de Compomís reflexionó en que «es triste tener que vender otras sociedades para poder dedicarse a la política», señalando que tuvo que cerrar una tienda de la que era autónomo. También lamentó que, debido a los cambios normativos, ha tenido que deshacerse de su patrimonio, lo cual considera «muy triste», ya que esto puede impedir que personas con empuje y productividad se dediquen a la política. Añadió que la mayoría de los consejeros «han tenido que deshacerse de sus negocios para poder dedicarse a la política».
