Esta tarde, desde las 18:30, Antoni Costa, vicepresidente del Govern, firmará junto a Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, el convenio para el pago de la deuda histórica en materia de residuos y otro más para liquidar la deuda por anticipos. Esta reclamación sobre el vertedero de Ca Na Putxa llevaba años sin avanzar y recién a finales de mayo, con la aprobación del decreto de simplificación administrativa, se le ha otorgado facultades al Gover para formalizar un convenio con el que saldar esta deuda.
El Consell de Ibiza mantiene una reclamación al Govern balear sobre el pago de 22,4 millones de euros, que corresponden al 30% de las inversiones no subvencionables por la Unión Europea (UE), realizadas y pendientes en el vertedero de Ca na Putxa, según lo establecido en el Plan Director Sectorial de Residuos Urbanos de Ibiza y Formentera, aprobado en 2001.
Por su parte, el Govern Balear, ha asignado 15,7 millones de euros para la gestión de residuos en Ibiza, reconociendo solo 15 de los 23 millones de euros reclamados históricamente por el Consell de Ibiza para el mencionado vertedero.
Deuda histórica
En 2023, el Govern y el Consell de Ibiza avanzaron que firmarían un acuerdo para saldar la deuda histórica, pero sin una fecha establecida. El monto final asciende a unos 40 millones de euros e incluye el pago de 2,5 millones de euros por adelantos a cuenta del periodo 2008-2013, así como la firma de un convenio para ejecutar inversiones por valor de 10 millones de euros con el Consell.
Costa asumió el compromiso de abonar esta deuda histórica a Marí, al igual que lo ha hecho la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en una carla que tuvo con Vicent Marí. De esta manera, el vertedero de Ca Na Putxa es un punto central en la disputa financiera entre el Consell de Ibiza y el Govern balear.
Mientras el Consell de Ibiza reclama una deuda cercana a los 23 millones de euros, el reciente decreto de simplificación administrativa del Govern Balear solo reconoce 15 millones de euros, significativamente menos de lo que el Consell ha demandado históricamente.
